El Ministerio de Bienes Nacionales de Chile concluyó un exhaustivo trabajo de actualización cartográfica en el Hito 1, en la Isla Grande de Tierra del Fuego, que implicó el relevamiento con drones especializados del sector aledaño al faro Espíritu Santo.
La iniciativa, desarrollada en coordinación con la Armada chilena durante casi dos años, busca dotar de herramientas técnicas de alta precisión a la Cancillería y la Dirección de Fronteras y Límites para la gestión de un área que, aunque delimitada con claridad por tratados centenarios, suele despertar sensibilidades en la relación bilateral.
El seremi de Bienes Nacionales, Sergio Reyes, explicó que los nuevos planos incorporan datos obtenidos mediante tecnología de última generación que permiten mejorar sustancialmente la información disponible sobre esta zona fronteriza.
La iniciativa, de carácter estrictamente técnico y administrativo, adquiere una dimensión política particular si se considera el contexto en el que se desarrolló: la polémica de junio de 2024, cuando efectivos argentinos colocaron paneles solares en un puesto de vigilancia marítima que, según se determinó luego, invadían metros del lado chileno.
El episodio, resuelto en cuestión de horas con el desmantelamiento de la estructura por parte del gobierno argentino tras el reclamo formal de la administración de Gabriel Boric, expuso una vez más la particular atención que despierta en ciertos sectores cualquier cuestión vinculada al Estrecho de Magallanes. La rápida corrección del error, atribuido a torpeza y confusión con el alambrado divisorio, no impidió que desde Chile se interpretara el hecho como un síntoma de viejas tentaciones revisionistas sobre la zona austral.
Resulta algo llamativo que un hecho de dimensiones objetivamente menores -un error en la ubicación de paneles solares subsanado de inmediato- haya despertado en Chile reacciones que lo presentaron como evidencia de supuestas ambiciones argentinas sobre territorios cuya soberanía se encuentra pacíficamente establecida desde el Tratado de 1881 y ratificada por el acuerdo de Paz y Amistad de 1984.
Algunos analistas trasandinos no dudaron en rescatar viejas tesis que históricamente han cuestionado el control chileno del estrecho, como si una gestión administrativa errónea de un puñado de efectivos navales pudiera interpretarse como política de Estado.
La actualización cartográfica, presentada ahora como un avance en materia de resguardo soberano, probablemente resulte de utilidad para prevenir futuros malentendidos en una zona que, más allá de las retóricas encendidas, nunca ha estado efectivamente en disputa.
La iniciativa, de orden administrativo, más allá de los ecos nacionalistas que despierta en algunos sectores de la opinión pública chilena, no modifica en nada un statu quo territorial que permanece inalterado desde hace más de un siglo.
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