La decisión del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, de establecer por decreto de necesidad y urgencia la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para funcionarios públicos de los tres poderes del Estado volvió a poner en agenda un debate que en Tierra del Fuego tiene antecedentes normativos, aunque sin efectos concretos.
En nuestra provincia, una ley aprobada hace más de seis años con un espíritu similar permanece sin aplicación, a la espera de una reglamentación que nunca llegó.
En Salta, el mandatario firmó una norma que dispone controles toxicológicos obligatorios para todas las personas que ejerzan o aspiren a ejercer cargos públicos, desde el gobernador hasta concejales e ingresantes a la administración.
El instrumento, que será remitido a la Legislatura salteña para su tratamiento, se apoya en los principios de transparencia, idoneidad y confianza ciudadana, bajo el criterio de que la integridad en el ejercicio de la función pública “es un deber ineludible y no una opción”.
Durante la firma del DNU, Sáenz remarcó el carácter obligatorio de la medida y sostuvo que no se trata de una sugerencia institucional, sino de una norma de cumplimiento estricto para toda la estructura estatal. “Desde el gobernador hasta abajo, todos aquellos que tengan una responsabilidad en la función pública deben reunir estos requisitos. Es un hecho de transparencia ante la sociedad”, afirmó.
El decreto establece controles sorpresivos mediante test rápidos homologados, con análisis confirmatorios en laboratorios habilitados y designados por sorteo en caso de resultado positivo, garantizando contraprueba y derecho de defensa.
El alcance incluye a los tres poderes del Estado, organismos de control y municipios, y contempla la detección de metabolitos de diversas sustancias psicoactivas, como opioides, cannabinoides, cocaína, anfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos. Según el cargo, un resultado positivo puede derivar en la activación de mecanismos constitucionales de remoción o en la cesación inmediata de la función.
El sueño de los justos
En Tierra del Fuego, la Legislatura sancionó en 2018 una ley que establece como requisito de permanencia en la función pública “el carecer de adicción a drogas ilegales”.
El proyecto fue impulsado por el entonces legislador justicialista Ricardo Furlan y abarca a funcionarios del Poder Ejecutivo y Legislativo, no del Judicial (nadie se atrevería a mirarle la nariz a un funcionario de la Justicia), con exámenes obligatorios y periódicos, derecho a contraprueba y consecuencias diferenciadas para cargos electivos y designados.
Sin embargo, pese a que la norma fija un plazo de 30 días para su reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, ese paso nunca se concretó. Como resultado, la ley permanece inactiva, sin controles, procedimientos ni autoridad de aplicación definidos, y sin impacto real en la vida institucional de la provincia.
La coexistencia de una medida vigente y operativa en Salta, implementada por decreto, y de una ley fueguina aprobada pero sin ejecución, expone dos respuestas institucionales opuestas frente a una misma preocupación: el control de la idoneidad y la aptitud de quienes ejercen responsabilidades públicas. La paradoja no radica en la ausencia de normas, sino en la voluntad política de hacerlas efectivas.
En este caso, la voluntad parece no acudir a la cita. ¿Será que a la política fueguina en general le resulta incómoda una ley como la comentada y que por ahora es letra muerta?
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