El Gobierno nacional expuso una serie de irregularidades técnicas, financieras y administrativas para justificar la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia, dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) mediante la Resolución 4/2026.
Según el organismo, la medida se apoya en el uso de fondos portuarios para fines ajenos a la actividad específica, el grave deterioro de la infraestructura, deficiencias en materia de seguridad operativa y ambiental, y el incumplimiento del Convenio de Transferencia Nación–Provincia que rige desde 1992.
El conflicto se originó tras la sanción de la Ley Provincial N° 1596, que creó un fondo para cubrir la deuda de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) con recursos provenientes del superávit financiero del Puerto de Ushuaia correspondiente a los ejercicios 2024 y 2025. Desde el ámbito portuario se denunció que esta decisión “compromete la operatividad, la autonomía financiera y el sustento institucional” de la Dirección Provincial de Puertos.
Para la ANPyN, la medida provincial contradice de manera directa el convenio de transferencia del puerto, que establece que “los ingresos del puerto serán contabilizados de manera independiente de las rentas generales provinciales y aplicados exclusivamente a gastos de administración, operación e inversiones vinculadas a la actividad portuaria”.
Tras recibir la denuncia, el organismo nacional realizó una inspección integral en el puerto los días 30 de septiembre y 1° de octubre de 2025, cuyos resultados fueron calificados como críticos. El informe técnico advirtió un “deterioro significativo en sectores estructurales del muelle comercial”, especialmente en el Sitio 3, con fallas en defensas, pavimentos y elementos de amarre que afectan la seguridad de las maniobras.
También se detectaron sistemas contra incendios obsoletos o discontinuos, deficiente señalización y alumbrado, problemas de drenaje pluvial, falta de mantenimiento preventivo y carencias en el control del tránsito pesado. En materia ambiental y de seguridad, el informe señaló incumplimientos de normas vinculadas a la prevención de incidentes y a la protección del ambiente.
En el plano tecnológico, la inspección concluyó que el puerto no cumple con estándares mínimos de seguridad informática, carece de personal especializado suficiente y presenta un alto riesgo en la integridad y confidencialidad de la información.
El análisis contable también encendió alertas: solo el 1,3% del gasto devengado fue destinado a obras de infraestructura, mientras que el 55% se concentró en gastos de personal y un 30% en préstamos y activos financieros. Para el Gobierno nacional, este perfil de ejecución resulta incompatible con las necesidades urgentes de inversión del puerto.
Pese a los descargos presentados por el Gobierno fueguino y la Dirección Provincial de Puertos, la ANPyN concluyó que “no se advirtió elemento objetivo alguno que permita desvirtuar las observaciones” realizadas durante la inspección, verificándose incumplimientos graves y persistentes de las condiciones que sostienen la habilitación portuaria.
La resolución subraya que el Puerto de Ushuaia es un nodo estratégico nacional, clave para el turismo antártico, la logística regional y la soberanía argentina en el Atlántico Sur, por lo que considera “imperioso adoptar medidas urgentes” para recomponer su funcionamiento.
Los principales fundamentos de la intervención
- Uso de fondos portuarios para otros fines:
- El Gobierno nacional cuestionó la aplicación del superávit del Puerto de Ushuaia para cubrir la deuda de la OSEF, al considerar que viola el convenio Nación–Provincia, que establece que los ingresos deben destinarse “exclusivamente a la actividad portuaria”.
- Violación del convenio de transferencia de 1992:
- La resolución remarca que los recursos del puerto deben contabilizarse por fuera de las rentas generales provinciales y no pueden ser utilizados para financiar políticas ajenas al sistema portuario.
- Deterioro estructural del muelle comercial:
- La inspección detectó “signos evidentes de desgaste” en defensas, pavimentos y elementos de amarre, con impacto directo en la capacidad de atraque y la seguridad de las maniobras.
- Graves fallas de seguridad operativa:
- Se constató la obsolescencia de los sistemas contra incendios, deficiencias en señalización y alumbrado, falta de mantenimiento preventivo y ausencia de protocolos formales para operaciones simultáneas de carga y pasajeros.
- Deficiencias ambientales:
- El informe advirtió problemas en la gestión de residuos y en el cumplimiento de normas de protección ambiental y prevención de incidentes.
- Fallas en tecnología y ciberseguridad:
- El puerto no cumple con estándares mínimos nacionales e internacionales, carece de auditorías informáticas y presenta un “alto riesgo de indisponibilidad, falta de integridad y confidencialidad de la información”.
- Baja inversión en infraestructura:
- Solo el 1,3% del gasto devengado fue destinado a obras, mientras que la mayor parte se concentró en gastos de personal y préstamos, lo que “compromete la sostenibilidad futura del puerto”.
- Incumplimientos graves y persistentes:
- La Agencia Nacional de Puertos y Navegación concluyó que no hubo elementos objetivos que desvirtúen las observaciones técnicas, configurando causales legales para la intervención y la suspensión de la habilitación.
- Interés público comprometido:
- El Gobierno nacional sostuvo que el Puerto de Ushuaia es estratégico para el turismo antártico, la logística regional y la soberanía en el Atlántico Sur, lo que vuelve “imperioso adoptar medidas urgentes”.
Comentarios