El legislador provincial Matías Lapadula calificó como grave e ilegal la decisión del Gobierno Nacional de intervenir administrativamente el puerto de Ushuaia, una medida que considera un ataque directo a la autonomía provincial y cuyas motivaciones reales generan inquietud.
En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, Lapadula expresó su contundente rechazo. «Es un hecho grave, un hecho de gravedad que el Gobierno Nacional intervenga un puerto, que es de la provincia, cuyos bienes son propios de la provincia», afirmó.
Subrayó el carácter estratégico de la terminal para actividades cruciales como el turismo y la pesca, y defendió su gestión provincial. «El hecho de que el Estado Nacional intervenga en este caso, además administrativamente sobre algo que no le pertenece, me parece arbitrario, me parece grave», insistió.
Aunque reconoció que existían observaciones nacionales previas sobre deficiencias en infraestructura y administración, el legislador fue enfático en que ello no justifica la medida. «Estas deficiencias no pueden justificar de ninguna manera que venga un gobierno nacional violando cualquier autonomía, cualquier principio de federalismo», argumentó.
Su preocupación se extiende al futuro económico del activo. «El puerto es un ente superavitario de la provincia, uno de los pocos entes que hoy sigue siendo superavitario ¿Y qué va a pasar con estos ingresos? ¿Quién se los queda?», se preguntó, al tiempo que mostró inquietud por la situación del personal.
Lapadula descartó que la intervención responda únicamente a la tensión política entre el gobierno fueguino y el nacional, insinuando posibles motivos ocultos. «A mí me preocupa qué hay atrás, si es una cuestión de negocios, si mañana quieren privatizar el puerto», manifestó.
Además, vinculó la decisión con el contexto geopolítico, expresando temor a ceder soberanía: «Un lugar tan estratégico como Tierra del Fuego con un puerto como Ushuaia (…) todas estas cuestiones que en definitiva terminamos cediendo, hablo desde el gobierno nacional, cediendo y siguiendo órdenes de un gobierno de Estados Unidos».
Finalmente, hizo un llamado a la unidad provincial más allá de las diferencias partidarias para revertir la medida: «Entiendo que todos, absolutamente todos, tenemos que defender los derechos de Terra del Fuego. Me parece que eso es lo que está en juego, no es una cuestión política (…) es una decisión de apoyar y defender los bienes y recursos que son de todos los fueguinos».
En cuanto a las acciones a seguir, Matías Lapadula espera que se impulsen negociaciones políticas y, fundamentalmente, acciones judiciales para revertir lo que define como una decisión «ilegal y arbitraria».
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