El Juzgado Federal de Ushuaia rechazó el pedido del Gobierno de Tierra del Fuego para avanzar de manera inmediata con una medida cautelar que buscaba frenar la intervención nacional del Puerto de Ushuaia, dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).
En su resolución, el Tribunal consideró que “no se encuentran motivos que ameriten la habilitación de la feria judicial”, descartando así el carácter urgente del planteo formulado por la Provincia. Al mismo tiempo, solicitó la intervención de la Fiscalía para que se expida sobre la competencia del Juzgado Federal para resolver una disputa entre el Estado provincial y el Estado nacional.
Además, el magistrado pidió que se determine si el gobernador está legitimado para presentarse directamente ante la Justicia Federal, señalando que ese rol institucional corresponde, en principio, a la Fiscalía de Estado. En ese marco, también se requirió al secretario Legal y Técnico de la Provincia, Emiliano Fossatto, que gestione la matrícula federal necesaria para actuar ante ese fuero.
El fallo judicial se conoce luego de que el Gobierno nacional formalizara la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia por un plazo de 12 meses, a través de la Resolución 4/2026 de la ANPyN. La medida se fundamenta en un extenso informe técnico que detectó deterioro estructural del muelle comercial, deficiencias graves en materia de seguridad, falta de mantenimiento, obsolescencia de los sistemas contra incendios y desvío de fondos portuarios hacia fines ajenos a la actividad específica.
Según la resolución nacional, parte del conflicto se originó en la aplicación de la Ley Provincial 1596, que habilitó el uso del superávit del Puerto de Ushuaia para financiar la deuda de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), una decisión que —según la ANPyN— contradice el convenio de transferencia Nación–Provincia de 1992, que obliga a destinar los ingresos portuarios exclusivamente a gastos e inversiones vinculadas a la actividad portuaria.
Aunque la Agencia Nacional dispuso la suspensión de la habilitación del puerto por 12 meses, su ejecución fue diferida para no afectar la temporada de cruceros 2025–2026. No obstante, la intervención administrativa quedó firme y habilita al Estado nacional a tomar control de la gestión operativa, técnica y administrativa del área portuaria.
La decisión judicial representa un primer revés para la estrategia legal del Ejecutivo fueguino y deja, por ahora, vigente la intervención nacional sobre una infraestructura considerada estratégica para la logística, el turismo antártico y la soberanía en el Atlántico Sur.
Por qué Nación intervino el Puerto de Ushuaia
- Detectaron deterioro estructural en el muelle comercial y fallas de mantenimiento.
- Señalaron deficiencias graves en seguridad, sistemas contra incendios y señalización.
- Advirtieron uso de fondos portuarios para fines ajenos a la actividad específica.
- Cuestionaron la Ley provincial 1596 por desviar el superávit del puerto a la OSEF. Recordaron que el convenio Nación–Provincia obliga a reinvertir los ingresos en el puerto.
- Marcaron baja inversión en obras frente a necesidades urgentes de infraestructura.
- Detectaron falencias ambientales y de control operativo.
- Consideraron comprometido el interés público y estratégico nacional.
- Dispusieron una intervención por 12 meses, con control técnico y administrativo.
- La suspensión total del puerto quedó en suspenso para no afectar la temporada de cruceros.
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