La administración del gobernador Gustavo Melella presentará una apelación formal contra la medida del Gobierno nacional que dispuso la intervención por un año del Puerto de Ushuaia, un conflicto que escaló rápidamente al ámbito judicial y político.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) fundamentó su decisión en un extenso informe técnico que reveló un deterioro significativo en la infraestructura del muelle comercial, específicamente en el Sitio 3, con faltante de pilotes, defensas gastadas y sistemas de protección contra incendios obsoletos.
Además, la auditoría consigna irregularidades administrativas, incluyendo el desvío de un 33% del presupuesto portuario a subsidios provinciales, dejando solo un 1.3% para obras de mantenimiento esenciales, y la tercerización de registros financieros en una empresa sin relación con la actividad portuaria.
Desde su cuenta oficial en X, el gobernador Melella rechazó enérgicamente los argumentos de la ANPYN y delineó la postura oficial de la provincia. “El Gobierno nacional decidió avanzar sobre la administración del Puerto de Ushuaia. No compartimos ni la medida ni sus fundamentos, y creemos que no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud”, publicó.
En otra parte de la publicación, enfatizó la normalidad operativa y los estándares del puerto: “El Puerto de Ushuaia opera con normalidad y atraviesa una temporada récord de buques y cruceros. La ciudadanía fueguina, los turistas y quienes transitan diariamente por el puerto son testigos de su actividad constante. Las principales compañías navieras del mundo eligen Ushuaia porque el puerto cumple con estándares de excelencia en seguridad, calidad y servicios”.
Melella también abordó la estrategia de su gobierno frente a la crisis, señalando en la misma red social que “desde el Gobierno provincial y la Dirección Provincial de Puertos estamos trabajando en todos los planos necesarios para resolver esta situación, con responsabilidad institucional y en defensa de la autonomía fueguina”.
Además, mencionó los canales de diálogo abiertos: “Mantengo diálogo permanente con el ministro del Interior, Diego Santilli, con el objetivo de encontrar una salida que preserve el normal funcionamiento del puerto y brinde previsibilidad a todos los sectores”.
No obstante, en declaraciones a medios, el mandatario calificó la acción del gobierno nacional como “ilegal” y sugirió que podría existir “algún negocio detrás”, reavivando el fantasma de una potencial privatización.
La intervención, que ya está en vigor, está a cargo de la Prefectura Naval Argentina para las tareas operativas y de seguridad, mientras se mantiene al personal técnico fueguino en las gerencias, según aclaró la ANPYN.
El conflicto se enmarca en una serie de desencuentros entre la provincia y la administración del presidente Javier Milei, que incluyen fuertes críticas por la política de importaciones.
La provincia ahora busca, a través de los tribunales, revertir una medida que considera una usurpación de sus competencias, mientras el gobierno nacional insiste en que su objetivo es garantizar la seguridad y regularizar una gestión que, asegura, era deficiente y riesgosa.
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