El Gobierno de Tierra del Fuego elevó la tensión con la Legislatura por el traspaso de las áreas que YPF dejará de operar en la provincia. La ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, defendió el convenio firmado con la petrolera nacional y lanzó un mensaje directo a los legisladores: “Si no se aprueba ahora, en julio YPF se va y nos deja el problema entero”. Su advertencia dejó expuesto un conflicto que venía creciendo y que hoy enfrenta al Ejecutivo con un Parlamento reticente a avanzar sin mayores garantías.
Para el gobierno, la Legislatura está demorando una decisión clave en un momento crítico. YPF se retira no solo de Tierra del Fuego sino también de otras provincias, y la administración de Gustavo Melella considera urgente asegurar la continuidad productiva, preservar regalías y dar contención a los trabajadores. Castillo explicó que el acuerdo incluye la cesión de activos, instalaciones y la extensión por 10 años de la concesión, punto que exige aval legislativo. También detalló que YPF asumirá los pasivos ambientales más complejos y el abandono de pozos, mientras que Terra Ignis contratará al personal durante el primer año de transición.
El punto que más inquieta a los legisladores es el régimen bajo el cual opera Terra Ignis, ya que al regirse por derecho privado, puede asociarse directamente con empresas interesadas sin licitación pública. Aunque Castillo aseguró que ya existen compañías argentinas y extranjeras dispuestas a participar, la oposición advierte falta de control y transparencia en el proceso.
La ministra endureció su postura al afirmar que, si el convenio no se aprueba, el 1° de julio de 2026 YPF dejará las áreas sin ninguna obligación posterior, lo que podría derivar en pozos abandonados, trabajadores sin respaldo y pérdida de regalías esenciales para la provincia. Reconoció que hay diálogo con todos los bloques, pero insistió en que el tiempo se agota y que gremios y contratistas ya reclaman definiciones urgentes.
Para el Ejecutivo, el convenio es el paso necesario para que Tierra del Fuego asuma un rol estratégico en su matriz hidrocarburífera. Para la Legislatura, falta claridad antes de comprometer a la provincia por una década. En medio de esa tensión, el traspaso de YPF se convirtió en el eje de una disputa institucional que combina urgencias económicas, presión política y el futuro energético del territorio fueguino.
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