La asignación de despachos en el Congreso Nacional suele ser motivo de fuertes disputas cada vez que se renuevan las cámaras y la adjudicación de espacios termina siendo una especie de reparto del botín político donde los recién llegados llevan siempre la de perder. Los senadores y diputados más encumbrados se quedan con lo mejor en materia de metros cuadrados y ubicación dentro del palacio legislativo, en tanto los provincianos o los pertenecientes a partidos chicos quedan relegadosmás diminutas.
En ese marco, en el cuarto piso se encuentra el confortable despacho 742, que históricamente ocuparon senadores provenientes de Tierra del Fuego, tal el caso de Jorge Garramuño, Anatolio Ojeda, Rosana Bertone o Matías Rodríguez. Fue el fallecer éste último que el despacho quedó vacante y -rápido de reflejos- se trasladó a él el salteño Sergio Leavy, quien termina su mandato el próximo 10 de diciembre.
Aunque la situación no esta del todo clara, habría existido un acuerdo de partes para que el salteño al decir adiós ceda el lugar de retorno a los representantes fueguinos, siendo la beneficiaria la senadora de Fuerza Patria Cándida Cristina López.
Al menos así lo afirma López en un comunicado en el que asegura que desde hace dos semanas compartía con Leavy el despacho y que, en él se encuentran aún efectos de su propiedad, como su computadora personal. Sin embargo, la cerradura ha sido cambiada y la senadora fueguina ya no ha podido acceder al recinto.
“El viernes pasado, luego que la senadora fueguina jurara por los “30.000 desparecidos”, la vicepresidenta Villarruel aprovechó que no había personal en el despacho, para cambiar la cerradura y poner una faja en la puerta, además de retirar la placa como senadora nacional”, informaron los voceros de Cristina López.
Según indicó personal de Seguridad del Senado, fue la propia Villarruel la que ingresó al despacho de la senadora, con personal que cambió la cerradura, colocó una faja en la puerta y retiró la placa que la senadora nacional ya había hecho fijar en la puerta del despacho.
Dada la situación, este lunes la senadora fueguina, “luego que Villarruel no contestara ninguno de sus mensajes y llamadas durante el fin de semana”, se presentó en su oficina con el auxilio de un cerrajero y en compañía de su esposo, el legislador provincial Juan Carlos Pino, para recuperar sus objetos personales, los que habían quedado adentro del despacho.
Personal de seguridad del Senado, que había realizado una barricada con dos sillones frente a la puerta, se lo impidió y se produjo un forcejeo y una agresión física, además de toqueteos ofensivos, según la denuncia penal que la senadora presentó este mismo lunes.
La denunciante presenta un golpe en el tobillo derecho, según fue constatado por el Dr. Gustavo Apreda, médico del Senado, quien describió un “hematoma a nivel de zona superior del tobillo derecho de 5 x 3 cm”. La senadora fueguina también acusó dolores internos en su brazo derecho.
En relación al confuso y escandaloso episodio, “Que la vicepresidente Villarruel ingrese de manera ilegal al despacho de otro senador nacional es un ataque de extrema gravedad institucional y una violación a la autonomía del Poder Legislativo”, afirmó López, quien agregó: “Los dueños del Senado de la Nación son los senadores, no la vicepresidenta. Ninguna autoridad puede impedir que un legislador acceda a su lugar de trabajo”.
Respecto del acuerdo con Leavy por la cesión del despacho, argumentó que “Esta decisión política, le fue comunicada con antelación a la Presidencia del Senado por el interbloque de Unión por la Patria, de la misma manera que se hizo en el caso de otros senadores”.
“Si se permite que una autoridad del Senado pueda castigar a un senador por su postura, mañana se podrá hacer lo mismo con cualquier representante. Es un mensaje muy peligroso para la democracia”, señaló López.
La disputa tuvo una amplia cobertura en el diario La Nación, a través de un artículo formado por el periodista acreditado en el Congreso, Gustavo Ybarra. En la nota, refiere que “El trasfondo del escándalo es el decreto 488/25, con el que Villarruel dispuso un proceso de ordenamiento por el cual la Presidencia de la Cámara se haría cargo de la distribución de los despachos de aquellos senadores que concluyen sus mandatos”.
Tal decreto, además, establecía que todos los senadores salientes debían poner a disposición de la presidencia los despachos asignados oportunamente, como también devolver (bajo amenaza de descontarlo de su liquidación final) los objetos personales que les hubieran sido dados en resguardo para el cumplimiento de su función, como el caso de las computadoras y un telefóno celular por cada uno.
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