Los graves incidentes que tuvieron lugar en el autódromo de Tolhuin el domingo 7 de diciembre, durante la final del campeonato de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera de Tierra del Fuego (ACTCF), han dado un giro hacia la órbita judicial.
Tras las sanciones deportivas anunciadas por la entidad, la Policía Provincial, por orden del Juzgado de Competencia Integral de Tolhuin, inició una serie de procedimientos formales en los días posteriores a los hechos.
La investigación busca esclarecer las agresiones y daños materiales denunciados, que incluyeron ataques a un vehículo de competición y a una camioneta particular.
Según informó la Comisaría Tercera de Río Grande, el jueves 11 de diciembre se cumplimentaron diversas medidas judiciales derivadas de una denuncia radicada en Tolhuin.
En ese marco, personal policial allanó una vivienda ubicada en la calle Houssay Nº 18 y procedió al registro de dos automóviles, un Nissan Kicks gris y un Volkswagen Gol Trend blanco, que se encontraban en el lugar.
En esa instancia, se notificaron los derechos y garantías procesales a tres personas: Guido Joaquín Galindo, Patricia Andrea Obando Meza y Antonella María Fernanda Ruitti.
Asimismo, las autoridades confirmaron que en ese momento persistía la búsqueda de Maximiliano Francisco Luis Ruitti Obando.
La situación evolucionó al día siguiente, viernes 12 de diciembre. La misma fuerza policial emitió un comunicado de ampliación en el que informó que Ruitti Obando se presentó voluntariamente en la sede de la Comisaría Tercera de Río Grande.
Una vez allí, se completaron las medidas judiciales dispuestas por el magistrado interviniente y se procedió a notificarlo formalmente de sus Derechos y Garantías Procesales.
Estos pasos marcan la transición del caso desde la esfera administrativa-deportiva hacia un proceso penal, en paralelo a las acciones disciplinarias que ya ejecuta la ACTCF.
La entidad automovilística, a través de su presidente Hugo Valdez, había calificado previamente los hechos como “muy lamentables” e inéditos, anticipando sanciones severas que podrían incluir la exclusión definitiva de los responsables del deporte local.
Los recientes procedimientos judiciales confirman la gravedad de los actos de violencia ocurridos, que trastocaron el cierre de un campeonato de carácter amateur y familiar, según destacaron los dirigentes.
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