La Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) atraviesa una crisis que ya dejó de ser administrativa para impactar de lleno en la atención médica. La Clínica San Jorge, principal prestador privado de Ushuaia, resolvió restringir la atención a afiliados, limitándola únicamente a urgencias vitales y tratamientos oncológicos, una decisión que expuso con crudeza el colapso financiero e institucional del sistema sanitario provincial.
El punto de quiebre fue la falta de ratificación de un convenio firmado en septiembre entre la clínica y la presidencia de OSEF, que nunca obtuvo aval del Directorio. Sin contrato vigente y con una deuda millonaria acumulada, la clínica quedó obligada a tomar una medida extrema para sostener su funcionamiento.
“El acuerdo estaba trabajado y consensuado durante meses”, afirmó el doctor Carlos Sánchez Posleman, titular de la Clínica San Jorge. El esquema proponía un techo presupuestario cercano a los 2.000 millones de pesos, con un sistema de riesgo compartido que buscaba ordenar el gasto y dar previsibilidad a ambas partes. “Si se gastaba más, absorbíamos el excedente; si se ahorraba, se repartía. Era una forma de integrar el sistema público y privado”, explicó.
Sin embargo, la renuncia del vicepresidente de OSEF a fines de octubre dejó al Directorio sin capacidad operativa. Sin esa figura clave, los representantes de activos y pasivos se negaron a convalidar el convenio. El resultado fue inmediato: OSEF quedó sin contrato con su principal prestador y la clínica sin respaldo legal ni garantías de cobro.
El dato más alarmante es financiero. Según Sánchez Posleman, la deuda vencida ronda los 6.000 millones de pesos, mientras que la deuda total, incluyendo prestaciones ya realizadas y no cobradas, se acerca a los 10.000 millones. “Con tasas de interés superiores al 70%, tuvimos que recurrir a créditos bancarios para pagar salarios, guardias, insumos y tecnología. Ese margen se agotó”, advirtió.
“La salud es cara”, remarcó el médico, y detalló costos que dimensionan la magnitud del problema, tales como prótesis vasculares cercanas a los 100 millones de pesos, stents cerebrales de 45 millones, marcapasos y dispositivos de alta complejidad totalmente importados. “En Argentina no existen mecanismos reales para reconocer el costo financiero de los pagos atrasados. El prestador siempre absorbe la pérdida”, sostuvo.
Ante este escenario, la clínica se vio forzada a priorizar prestaciones, manteniendo únicamente aquellas vinculadas al riesgo de vida, tratamientos oncológicos y patologías crónicas graves. El resto de las prácticas quedó sujeto a disponibilidad presupuestaria. “Cirugías programadas pueden demorarse meses, no por criterio médico, sino por falta de fondos. Es un cambio de paradigma peligroso”, alertó Sánchez Posleman.
El conflicto también dejó al descubierto la parálisis política de OSEF. “No faltó diálogo, faltó conducción”, sentenció el titular de la clínica. Durante semanas, la ausencia de un vicepresidente bloqueó decisiones clave, mientras la Legislatura postergaba el tratamiento de fondo de la crisis financiera. Recién tras la intervención directa del gobernador Gustavo Melella, se avanzó en la designación de Gustavo García como vicepresidente, lo que permitió reactivar el Directorio y reabrir la negociación. “Destrabó el conflicto, pero el daño ya estaba hecho: quince días sin contrato y con atención restringida”, señaló.
El contraste con otros financiadores es contundente. Prepagas, obras sociales sindicales e incluso IOSFA pagan entre 30 y 90 días, y algunas adelantaron fondos frente a la crisis. OSEF, en cambio, se transformó en el principal factor de inestabilidad para el sector privado de salud.
La Clínica San Jorge emplea a 460 trabajadores y articula con 120 médicos. Su eventual colapso no sería un problema aislado, sino un golpe estructural para el sistema sanitario de Ushuaia, donde el sector público y privado funcionan de manera complementaria.
Lo que ocurre con OSEF excede a una clínica y a un contrato caído. Es la manifestación visible de un modelo de financiamiento agotado, de una conducción fragmentada y de un sistema que sobrevive a base de parches. Si no se ordenan las cuentas y no se asume que la salud tiene costos reales, el riesgo es claro: que la atención médica deje de ser un derecho garantizado y pase a depender, cada vez más, de la disponibilidad de caja.
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