El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) expresó su rechazo a la aprobación del artículo 30 del Presupuesto Nacional, sancionado recientemente por el Senado, al considerar que la medida “consolida un brutal ajuste contra la educación pública, la ciencia y la tecnología”.
Desde el gremio docente advirtieron que el artículo aprobado deroga normas fundamentales que garantizaban el financiamiento del sistema educativo y científico. En este mismo sentido, señalaron que producto de la medida “el Estado Nacional renuncia a su responsabilidad indelegable de garantizar el financiamiento del sistema educativo y científico”.
En ese sentido, el SUTEF detalló que la modificación de la Ley de Educación Nacional N.º 26.206 elimina el piso del 6 % del PBI destinado a educación, lo que para ellos significa “el renunciamiento al compromiso del Estado Nacional de garantizar recursos para el acceso a una educación gratuita y de calidad”. Asimismo, cuestionaron la derogación de la Ley N.º 27.614, que sostenía el financiamiento del sistema de ciencia, tecnología e innovación, al advertir que la medida “desarma el esquema de financiamiento del sistema científico y afecta el desarrollo al servicio de la nación”.
En esta misma línea, alertaron sobre el impacto en la educación técnico profesional, al señalar que la eliminación del Fondo Nacional previsto en la Ley N.º 26.058 “desfinancia a las escuelas técnicas y agrarias”, afectando de manera directa la formación de estudiantes en todo el país.
El sindicato sostuvo que estas decisiones profundizan las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional desde 2023, con consecuencias directas en las provincias y en la comunidad educativa. Al respecto, advirtieron que “este ajuste no solo afecta el salario de las trabajadoras y los trabajadores de la educación, sino que impacta de lleno en las y los estudiantes de todos los niveles y modalidades”.
Finalmente, el SUTEF calificó la medida como “un ataque estructural, planificado y ejecutado” por el gobierno del presidente Javier Milei, y convocó a impulsar un plan de lucha nacional, con organización, movilización y coordinación entre sindicatos, estudiantes y comunidades, para defender la educación pública, la ciencia y la tecnología como derechos sociales irrenunciables.
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