La Directora de Gestión Pública de Accesibilidad Universal, subraya la importancia de contar con datos para orientar políticas públicas y avanzar hacia un consejo municipal de personas con discapacidad, entre otros avances.
El censo se inició el año pasado y, según Peralta, “realmente cuesta pero por primera vez tenemos datos de los vecinos de nuestra ciudad, de las familias que tienen algún integrante o que la misma persona tiene discapacidad en relación a diferentes dimensiones que la atraviesan”.
La responsable destaca que este logro fue gracias al trabajo coordinado entre el municipio y el observatorio de la secretaría, que acompañó el análisis y la elaboración del primer informe.
“Va muy en línea con esto de darse ese tiempo de hablar con las personas y con las familias que están compuestas por personas con discapacidad”, sostiene Peralta, quien añade que se avanzó en la creación del consejo municipal de personas con discapacidad.
Aunque la ordenanza está vigente, la reglamentación y puesta en práctica ham quedado pendientes, por lo que el equipo municipal ha buscado repensar su conformación y reforzar la participación de las organizaciones y familias.
La directora detalla que el censo se inició a fines de 2024, se finalizó en julio de 2025 y ya se realizó el análisis para hacerlo público. “Tenemos el primer informe disponible para que las familias y la comunidad accedan a los datos y resultados obtenidos”, afirma.
En esa línea, se enfatiza la necesidad de escuchar a las personas con discapacidad para validar o corregir decisiones municipales.
Sobre la participación en el censo, la funcionaria señala que “tenemos una variedad importante de personas” y que “495 personas han accedido voluntariamente a completar este formulario censal”.
Explica que, en un contexto nacional de desconfianza, estas familias apostaron por colaborar con el municipio para facilitar políticas basadas en datos.
Prevalecen en la ciudad la población adulta con discapacidad; le siguen las infancias y luego las juventudes. Además, se decidió que no solo las personas certificadas tengan acceso al formulario “sino también aquellos que no lo tienen”, para reflejar mejor la realidad de la ciudad.
Sobre este punto, Peralta revela que “hay un 89% de la población que ha completado la planilla que tiene el certificado” y que quienes no lo tienen es porque están en trámite o vencidos.
La responsable reconoce también obstáculos culturales y sociales que dificultan la cobertura. “Sabemos con certeza que nos falta llegar a más personas, más familias”, admite, y atribuye la brecha a miedos, resignación histórica y discriminación.
Afirma que este censo es “el primer paso” hacia una mayor inclusión y que se espera llegar más lejos con nuevas estrategias de socialización y escucha.
Además, la dirección informó que la ciudad cuenta con un servicio de asesoramiento legal gratuito para la comunidad, como parte de los esfuerzos de accesibilidad y derechos.
Un dato relevante: “el 16,2% de los encuestados no están alfabetizados”, lo que implica un desafío adicional para garantizar derechos y la accesibilidad de la información.
En paralelo, “57% sabe leer y escribir” y un 18% se encuentra en proceso de alfabetización o gestión, cifras que orientan las acciones formativas y de apoyo.
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