La reciente modificación en la Legislatura provincial de la ley que prohibía la salmonicultura en Tierra del Fuego ha encendido una intensa polémica que trasciende el contorno de la isla, exponiendo una profunda grieta entre visiones de desarrollo y conservación.
Desde el corazón agroindustrial argentino, la medida es recibida como la apertura a un futuro prometedor. En cambio, desde las regiones patagónicas de Chile, que han vivido de cerca el impacto de esta industria, la decisión se denuncia como una condena ambiental.
Para los sectores vinculados al campo argentino – cuya posición fue reflejada en un análisis de Héctor Huergo, editor del suplemento Clarín Rural del diario Clarín- la flexibilización de la antigua ley representa el fin de un «dislate» y el comienzo de una era de inversiones. Se señala con admiración el modelo chileno, donde esta actividad genera miles de millones en exportaciones y decenas de miles de empleos, posicionándose como un pilar económico del sur trasandino.
Se argumenta que Tierra del Fuego posee un entorno ideal para una «salmonicultura moderna», conocimiento-intensiva y de alta eficiencia en la conversión alimenticia, que además demandaría insumos producidos en las pampas argentinas. Se la visualiza como una actividad complementaria que puede diversificar y dinamizar la economía provincial.
No tan rápido
Al otro lado de la cordillera, y del alambrado, la perspectiva es diametralmente opuesta.
Organizaciones ciudadanas y ambientales chilenas, como las campañas «Áreas Protegidas sin Salmoneras» y «Defendamos Patagonia» citadas por el medio El Ciudadano, han reaccionado con contundente rechazo y alarma, calificando la modificación como un «retroceso histórico» y un «día negro para la Patagonia».
Con la experiencia de lo ocurrido en sus aguas, advierten sobre la importación de un modelo que, a su juicio, ha dejado una estela de contaminación por antibióticos, fondos marinos degradados, escapes masivos que depredan la biodiversidad nativa y conflictos con otros sectores como el turismo y la pesca artesanal. Acusan a los gobiernos de priorizar intereses corporativos extranjeros sobre la voluntad popular y la protección ambiental, y ven con pesimismo que se repita un «ecocidio» conocido.
El contraste es absoluto: para unos, es la llegada de una industria pujante y sofisticada; para otros, la implantación de un desastre ambiental con escasos beneficios locales reales.
El núcleo del debate queda así planteado: ¿está Tierra del Fuego frente a la panacea económica que algunos proclaman, o ante el umbral del apocalipsis ecológico que otros pronostican?
La respuesta dependerá de qué peso tengan, en la práctica, las promesas de desarrollo sustentable frente a los fantasmas de una crisis ya vista.
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