Un fuerte conflicto interno sacude a la Asociación del Personal de Empleados Legislativos (APEL) de Tierra del Fuego, luego de que un grupo de afiliados del Concejo Deliberante de Río Grande solicitaran formalmente la remoción de dos referentes sindicales, a quienes acusan de haber priorizado intereses personales por sobre las demandas colectivas.
El planteo quedó plasmado en una nota fechada el 16 de diciembre, dirigida al secretario general del gremio, Jorge Brúa, en la que los trabajadores expresan que Adriana Pérez y Pedro Martínez “no representan” a los afiliados firmantes. En el escrito, los empleados cuestionan duramente el accionar de ambos dirigentes, señalando una falta de compromiso con la defensa de los derechos laborales.
Según el reclamo, la medida de fuerza impulsada por el sector gremial, iniciada con el objetivo de lograr un incremento salarial, habría derivado en un desenlace que generó profundo malestar entre los trabajadores. Los firmantes sostienen que la lucha “terminó favoreciendo intereses individuales”, en referencia a la designación de Adriana Pérez como Asesora Administrativa del Concejo Deliberante, situación que interpretan como una ruptura de la confianza sindical.
El malestar se profundiza al recordar que Pérez, en su rol de secretaria adjunta de APEL, fue una de las principales referentes de las asambleas y medidas de presión realizadas en la antesala de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, lo que ahora es leído por los trabajadores como un accionar que perdió legitimidad con el desenlace posterior.
Para más, recuerdan que Perez estuvo en el escenario la noche del festejo de Fuerza Patria por los resultados de las elecciones del 26 de octubre.
En paralelo al pedido de destitución, y en la misma fecha, Adriana Pérez solicitó licencia a la Comisión Directiva del sindicato. En su nota, repasó su trayectoria gremial, pero también dejó expuestos los vínculos políticos que derivaron en su reciente nombramiento dentro del Concejo Deliberante de Río Grande.
“Asumo este nuevo cargo con profundo orgullo”, expresó Pérez, al destacar que se trata de la primera vez que su espacio político, el Partido Justicialista, le confía una responsabilidad institucional. En ese marco, agradeció especialmente al presidente del PJ fueguino, Walter Vuoto, y al concejal Walter Abregú, a quienes atribuyó la oportunidad de asumir la función.
La situación abrió un foco de tensión dentro de APEL, donde el reclamo de los trabajadores pone en debate los límites entre la representación sindical y la proyección política, así como la legitimidad de las conducciones gremiales en contextos de conflicto salarial.
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