El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Río Grande, Oscar Martínez, advirtió sobre la gravedad del escenario que atraviesa la industria fueguina ante el funcionamiento actual de la Comisión del Área Aduanera Especial (CAAE), donde el Gobierno Nacional cuenta hoy con una mayoría automática que imposibilita frenar decisiones que afectan directamente a los distintos sectores productivos de la provincia.
El dirigente vinculó esta situación con la falta de previsibilidad que dejó el reciente escándalo que involucró a funcionarios del área productiva nacional y que derivó en renuncias clave, justo antes de una instancia decisiva prevista para el 11 de diciembre. Martínez sostuvo que la CAAE, históricamente orientada a articular consensos y evaluar las implicancias productivas de cada medida, “perdió su equilibrio”, lo que dificulta cualquier discusión sobre alternativas que protejan la matriz industrial fueguina. Señaló que esta falta de contrapesos afecta a todos los sectores, pero especialmente a aquellos cuya continuidad depende de decisiones específicas, como los textiles, que en las últimas semanas enfrentaron intentos de limitar el envío de su producción al continente.
El secretario general de la U.O.M también expresó preocupación por la incertidumbre generada tras las denuncias y renuncias en la estructura productiva nacional, un área que fue degradada de Ministerio a Secretaría y luego a Subsecretaría. Martínez interpretó esta reducción jerárquica como una señal de desinterés del Gobierno hacia el régimen fueguino y advirtió que la falta de estructura política incluso retrasó gestiones básicas, como la homologación de acuerdos paritarios que la UOM reclama desde junio.
Entre los puntos más críticos, mencionó la implementación de un nuevo proceso productivo para la fabricación de celulares, que modifica tareas actualmente realizadas en Tierra del Fuego y pone en riesgo puestos de trabajo. Explicó que cada planta deberá revisar cuántos operarios de línea serán necesarios bajo el nuevo esquema, lo que anticipa un escenario de tensión laboral sostenida.
Asimismo, confirmó que continúa vigente el acuerdo alcanzado tras las protestas de mayo, con validez hasta diciembre y una prórroga hasta marzo, aunque reconoció que la situación económica agrava día a día la realidad de las familias metalúrgicas. Cuestionó la presión del Gobierno Nacional para limitar los aumentos salariales al 1% mensual, al considerar que los índices oficiales “no reflejan el costo de vida patagónico”. Afirmó que la pérdida del poder adquisitivo “ha sido brutal”, especialmente después de la devaluación, y que la caída del consumo afecta la producción, generando acumulación de stock y cierre de locales comerciales.
Respecto al decreto de compras a distancia, sostuvo que por el momento no se observa un impacto profundo, porque el uso de esas plataformas es limitado y abarca pocos productos. Sin embargo, reiteró que el principal factor que explica la baja en ventas es la caída del ingreso real.
De cara al cierre del año, adelantó que las plantas ya programaron el período de vacaciones para diciembre y enero, lo que reducirá significativamente la actividad. Esto coincide con el vencimiento de contratos de trabajadores incorporados durante los meses de mayor producción. Martínez calificó el panorama posterior al 31 de diciembre como “muy complicado”, especialmente para quienes ingresaron con plazo fijo durante 2025.
Finalmente, expresó preocupación por la intención del Gobierno Nacional de avanzar con una reforma laboral, a la que calificó como lesiva para los derechos adquiridos y orientada a favorecer a grandes patronales, en especial multinacionales. Advirtió que su implementación podría tener “consecuencias terribles” para los trabajadores.
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