En el marco de un año 2025 particularmente adverso para la industria nacional, Alberto Garofalo, presidente de la Cámara Fueguina de la Industria Nacional (CAFIN), explicó con crudeza la situación crítica que atraviesa el sector textil en Tierra del Fuego.
El directivo, por ((La 97)) Radio Fueguina, atribuyó la problemática a una serie de medidas normativas y a una interpretación administrativa que condena a las empresas. «Es una situación común a toda la industria en lo que se refiere a mercado y, en el caso de las fueguinas, particularmente amenazada por una interpretación del decreto que las empresas tienen», señaló al inicio de su diagnóstico.
Garofalo remarcó que el origen del conflicto se remonta a varios años atrás. En el caso de las textiles fueguinas “el proceso se inició en el 2021 cuando se dicta el decreto 727 y se deja fuera a toda la rama textil en una medida sin duda discriminatoria que no responde a ninguna causa lógica de por qué excluir a todo un sector, salvo por lo que conocemos, un lobby fantástico que hicieron textiles del continente para que esta competencia que representa Tierra del Fuego desapareciera», afirmó.
Este escenario se agravó con la posterior sanción del decreto 594 en 2023, que, según el representante, «salió redactado en una forma muy enrevesada, muy críptica y que permitió hacer una interpretación por parte de las autoridades actuales que condena a la industria textil».
Frente a esta encrucijada, las empresas han recurrido a la vía judicial, aunque Garófalo se mostró pesimista respecto a la utilidad inmediata de estas acciones. «Si el recurso judicial en última instancia va a ser favorable, yo imagino que sí. Pero en qué plazo va a salir eso, no lo puedo confirmar y al contrario, imagino que va a ser un plazo muy extendido y que eso hará que para cuando tengamos una definición, la fábrica ya no exista», advirtió.
El núcleo del problema actual, según su explicación, radica en la aplicación concreta de los beneficios promocionales. «Se hace una interpretación sobre que hay un cupo, nadie sabe bien cómo llegaron a esa conclusión… se establece un cupo en pesos sin actualización, con lo cual condenan a todas, ya entran todas en la misma bolsa con beneficios congelados en pesos que para el año 2024 cubrieron tres meses de producción y para el 2025 imaginamos que no más de un mes», detalló.
Esta situación hace inviable la operación, ya que, «a 3.000 kilómetros de distancia del principal centro consumidor con un sobrecosto que implica trabajar en Tierra del Fuego y sin ninguna compensación promocional, es imposible que las actividades sigan funcionando».
A este cuadro de desventaja normativa se suma un contexto económico desfavorable. «Estamos frente a un mercado golpeado, la demanda ha caído muchísimo», reconoció, y añadió que la apertura de importaciones “es un escollo difícil de sortear porque están ingresando mercadería de Oriente sin precios de referencia, con lo cual es bastante dudoso cuál es realmente el valor de lo que está ingresando».
En consecuencia, el cierre de año y el inicio de 2026 se prevén sumamente complejos, según su análisis: «Lamentablemente es así, vamos a tener un fin de año complicado donde suponemos que seguirán llegando notificaciones», anticipó.
La única salida que vislumbra el sector es el reclamo por «una reglamentación clara del decreto donde se establezca de dónde surge este cálculo que hoy se está aplicando y que no está explicitado en ninguna norma legal, lo cual nos parece que es un exceso lo que está sucediendo».
La incertidumbre y la confusión, concluyó, no hacen más que agravar una situación ya de por sí límite.
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