El Poder Judicial de Tierra del Fuego se encuentra ante una severa interpelación. El abogado Antonio César Petkos presentó ante el Consejo de la Magistratura un extenso petitorio de 25 folios en el que reclama el inicio de un juicio político destinado a remover al juez del Superior Tribunal, Ernesto Adrián Löffler.
La presentación judicial alega que el magistrado incurrió en desempeño deficiente, parcialidad política comprobada y violación sistemática a los deberes de imparcialidad, especialmente en causas vinculadas al proceso de reforma constitucional.
El núcleo de la denuncia radica en la presunta existencia de un «sesgo deliberado» en la actuación de Löffler, motivado por sus vínculos familiares y sus propias convicciones políticas. Petkos señala que, durante el tratamiento judicial de la reforma, el hermano del juez, Damián Löffler, se desempeñaba como legislador y era un opositor declarado del proyecto. «Esta conexión familiar directa con una de las partes en disputa torna insostenible la objetividad requerida para el cargo», argumenta el texto, subrayando la violación al principio de neutralidad que debe guiar toda función judicial.
La acusación se estructura sobre varios pilares. Se alega que el juez incurrió en un retardo intencional de justicia al mantener bajo su custodia, sin resolución oportuna, expedientes clave para el desarrollo del debate constituyente, en los casos Lechman, Rossi y Melella. Esta dilación, calificada como «maliciosa», habría tenido como objetivo congelar el proceso político y alterar el equilibrio entre los poderes del Estado.
En un capítulo dedicado a las «pruebas de predisposición», la denuncia recupera declaraciones públicas del propio Löffler, algunas vertidas en entrevistas en ((La 97)) Radio Fueguina. En una intervención en noviembre de 2023, el magistrado afirmó: «Defendemos la Constitución. Las constituciones tienen que ser defendidas, aunque no te gusten; pero de todas maneras hay que cumplirlas». Para el denunciante, esta manifestación evidencia una postura preconstituida sobre un asunto que luego estaría bajo su jurisdicción, lo que contradice el deber de reserva y neutralidad.
El escrito judicial enumera de manera pormenorizada las causales que, a su entender, justifican el enjuiciamiento: Dilación injustificada en la resolución de causas de alta relevancia; actitud confrontativa hacia el Poder Ejecutivo provincial; incumplimiento del deber de excusarse ante conflictos de interés familiares; emisión de opiniones públicas sobre temas sometidos a su consideración; reconocimiento tácito de falta de imparcialidad al aceptar una recusación en su contra.
Petkos solicita al Consejo de la Magistratura que active el mecanismo de juicio político para «preservar la credibilidad de la administración de justicia fueguina». La presentación advierte que los hechos descritos configuran «un quebrantamiento grave de los principios éticos que rigen la función judicial».
El impacto de esta iniciativa puede ser profundo. En una provincia de relaciones interpersonales estrechas, la acusación interpela los límites entre la justicia y la política, y la capacidad del sistema para autorregularse. «Esto trasciende a una persona; se trata de definir si la justicia puede funcionar con autonomía real cuando los lazos familiares y las afinidades políticas atraviesan a sus integrantes», concluye el documento.
Si el Consejo admite la causa, se abrirá un capítulo inédito en la historia judicial fueguina, estableciendo un precedente crucial sobre la ética y los deberes de los magistrados.
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