La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) dispuso la restitución de todas las pensiones suspendidas durante el proceso de auditorías, en cumplimiento de una orden judicial que obligó al organismo a restablecer los beneficios en un plazo de 24 horas. Sin embargo, el pago de los haberes adeudados se hará efectivo recién en diciembre, confirmaron fuentes oficiales, mientras el Gobierno apeló la medida judicial.
La resolución 13.901/2025, firmada el 23 de octubre, instruyó a la Andis a restablecer la totalidad de las pensiones suspendidas o retenidas, pagar los haberes adeudados y abstenerse de continuar las auditorías hasta que exista una sentencia definitiva. La directiva, que extendió a todo el país una cautelar dictada inicialmente para la provincia de Catamarca, incluyó un anexo con más de 1.800 páginas de beneficiarios.
Belén Arcucci, coordinadora del programa de derechos de las personas con discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) —una de las organizaciones demandantes en la causa—, explicó a Perfil que “Andis sacó esta resolución donde supuestamente restituye la totalidad de las pensiones suspendidas”, aunque advirtió que “hay personas de la causa que no figuran en el listado”.
“También aclararon que la fecha de cobro va a ser en diciembre porque, argumentan, en noviembre ya estaban liquidados los fondos”, detalló Arcucci, quien señaló que la ACIJ presentó un escrito solicitando precisiones sobre los pagos retroactivos y la inclusión de beneficiarios que no aparecen en el listado oficial.
Desde la Defensoría del Pueblo bonaerense, que acompaña a varios afectados, también se reportaron reclamos de personas que no figuran en el detalle de beneficiarios. “A algunas personas que no están, en Anses les dicen que de todas maneras se las van a restituir”, agregó Arcucci.
Fuentes gubernamentales consultadas confirmaron que los pagos serán retroactivos y que solo quedaron excluidas 114 personas privadas de libertad, decisión adoptada por el interventor de la Andis, Alejandro Vilches. A la vez, justificaron la revisión previa de los beneficios al señalar que “muchos casos presentaban certificados médicos falsos o no cumplían los requisitos establecidos”.
Las mismas fuentes confirmaron que las auditorías quedan interrumpidas por orden judicial, aunque el Ejecutivo evalúa retomar el proceso una vez que se resuelva la apelación.
Según datos difundidos por la ACIJ, en el marco de esas auditorías el Gobierno gastó $23 mil millones en el envío de cartas documento, de las cuales cerca del 50% nunca llegó a destino, según un pedido de acceso a la información pública realizado por la organización.
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