El Registro de la Propiedad Automotor Nº 1 de Río Grande retomó la atención al público luego de permanecer cerrado desde principios de septiembre. La reapertura se concretó tras la designación del contador Leonardo Olgiati como interventor normalizador por parte de autoridades nacionales.
El organismo, ubicado en calle O’Higgins 148, había dejado de funcionar el pasado 5 de septiembre, lo que generó una paralización total de trámites vinculados a transferencias, inscripciones y certificaciones. La situación afectó a usuarios, gestores y concesionarias, que durante más de dos meses no pudieron realizar gestiones esenciales.
El conflicto que derivó en el cierre se originó cuando el apoderado de la entonces titular, Ana María Mingorance, decidió despedir a todo el personal. Los empleados, que no dependen del Estado Nacional sino del titular de cada registro, conforme al sistema de concesiones vigente, quedaron desvinculados de manera inmediata mediante cartas documento que alegaban “razones de fuerza mayor”. Además de perder su relación laboral, tampoco recibieron certezas sobre el cobro de haberes atrasados ni de las indemnizaciones.
La encargada suplente, Karina Gallardo Mingorance, hija de la concesionaria, no contaba con firma habilitada ni facultades legales para operar cuentas, pagar salarios o tomar decisiones administrativas, lo que profundizó el cuadro de abandono funcional y obligó al cierre del organismo.
Ante esta situación, los trabajadores avanzaron con asesoramiento legal para iniciar reclamos judiciales. “Nos deben agosto, septiembre, la liquidación final y las indemnizaciones. Pedimos lo que corresponde, porque no nos están regalando nada. Todo se resolverá por la vía legal”, señaló la exempleada Myriam Hernández.
Con la intervención ya en funciones, el Registro comenzó a retomar la actividad de manera paulatina. En paralelo, continúa el proceso administrativo y judicial que deberá establecer responsabilidades y definir el futuro laboral del personal despedido.
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