Por unanimidad, el Senado de la Nación le dio media sanción al proyecto que convierte en ley el Sistema de Alerta Sofía y será comunicado a la Cámara de Diputados.
Se trata de un proyecto presentado por el senador Juan Carlos Romero (Salta), en el que no sólo apunta a centralizar la información de personas extraviadas, sino también a activar un mecanismo inmediato cuando se trata de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años en peligro.
El Programa Alerta Sofía fue creado en el año 2019 por el Ministerio de Seguridad de la Nación bajo la gestión de la actual titular de la cartera, Patricia Bullrich, con el objetivo de difundir de manera urgente desapariciones de menores.
Según detalla el dictamen, la ley tiene como objeto «la sistematización y centralización de la información, los procedimientos y los protocolos para la búsqueda de las personas, tanto menores como adultas, cuyo paradero se desconozca, y de la información, los procedimientos y los protocolos para la identificación de personas de identidad desconocida halladas con vida o fallecidas, promoviendo acciones efectivas, con información actualizada y completa sobre todas las novedades ocurridas en territorio nacional».
En su artículo 2, se crea el Registro Nacional de Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas y de Identificación de Personas de Identidad Desconocida Halladas con Vida o Fallecidas, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.
Mientras que el artículo 6 constituye el Programa de Alerta Rápida Sofía que «se activará dentro de las 6 horas de realizada la denuncia en sede policial, Ministerio Público o Poder Judicial, por desaparición y/o extravío del menor de 18 años, que se encuentre bajo una situación de extrema gravedad y urgencia que puede causar daños irreparables en la integridad física y biopsicosocial del mismo».
El nombre de la ley no es casual. Hace alusión a Sofía Herrera, la niña de tres años desaparecida en 2008 en el camping John Goodall de Río Grande, Tierra del Fuego, un caso que conmovió al país entero y que aún permanece sin resolver. En su memoria, el Estado decidió denominar así al programa de alerta rápida para reforzar la conciencia social y la urgencia de actuar en las primeras horas.
La nueva ley crea el Registro Nacional de Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas y de Identificación de Personas NN, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación. Este organismo será la autoridad de aplicación, con la misión de reunir datos de todas las jurisdicciones, coordinar a las fuerzas de seguridad, al Poder Judicial, hospitales, morgues y organismos provinciales y municipales.
Las autoridades deberán comunicar al registro las novedades dentro de las primeras 24 horas de producida la denuncia o del hallazgo, aportando datos filiatorios, fotografías, huellas digitales, muestras genéticas o informes médicos. El objetivo es unificar la información dispersa y acelerar los procesos de identificación y búsqueda.
El corazón de la norma es la creación del Programa de Alerta Rápida Sofía, que se activará dentro de las seis horas posteriores a la denuncia por desaparición de un menor de 18 años en situación de extrema gravedad. En esos casos, el Ministerio de Seguridad deberá difundir la alerta por todos los medios disponibles: mensajes de texto, medios masivos de comunicación, redes sociales, plataformas digitales y canales institucionales.
La ley prevé, además:
- Capacitación obligatoria para todos los actores involucrados en la recolección de datos y protocolos de búsqueda.
- Líneas de atención abiertas las 24 horas, a cargo de personal capacitado, para recibir denuncias y datos de la población.
- Asistencia del ENACOM para garantizar la difusión inmediata de las alertas.
- La elaboración de un informe anual con estadísticas, que será presentado en el Congreso.
Finalmente, se invita a todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al régimen, para lograr un sistema federal y homogéneo en todo el territorio.
A más de 17 años de la desaparición de Sofía Herrera, la sanción de esta ley busca transformar esa herida abierta en una herramienta de prevención y respuesta inmediata. El desafío ahora es que cada alerta emitida represente un compromiso real del Estado y de la sociedad: que ninguna niña o niño vuelva a desaparecer sin que se enciendan todas las alarmas.
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