El secretario general del Centro de Empleados de Comercio (CEC), Daniel Rivarola, manifestó su preocupación ante el proyecto de reforma laboral que el oficialismo planea debatir en el Congreso, tomando como base la propuesta presentada por la diputada libertaria Romina Diez, texto que reproduce varios puntos del DNU 70/23, actualmente suspendido por la Justicia.
El tema volvió al centro del escenario político tras las elecciones nacionales y la confirmación de que el presidente Javier Milei buscará incorporar la reforma entre sus prioridades legislativas. Según el Gobierno, el objetivo es fomentar la creación de empleo y reducir costos laborales; sin embargo, los gremios advierten que los cambios podrían implicar una pérdida sustancial de derechos adquiridos.
Entre las modificaciones más relevantes, el proyecto contempla la extensión de la jornada laboral hasta doce horas diarias, la fragmentación de las vacaciones y la revisión de los mecanismos de indemnización, que podrían abonarse en hasta doce cuotas mensuales.
Rivarola alertó que la posibilidad de ampliar la jornada laboral “ahoga la creación de nuevos puestos de trabajo” y contradice los principios básicos de distribución del empleo. También cuestionó el fraccionamiento de las licencias anuales, ya que “colisiona con los convenios colectivos que garantizan períodos corridos de descanso”.
El dirigente señaló además que la iniciativa habilita la flexibilización de convenios colectivos mediante sistemas de banco de horas y formas de pago mixtas, como la eventual reintroducción del “ticket canasta”. También se prevén beneficios fiscales para las empresas que contraten nuevo personal, bajo un esquema de estímulo a la inversión privada.
“Nos preocupa que muchos de estos puntos ya fueron rechazados por vía judicial cuando se dictó el DNU, y ahora vuelven bajo la forma de ley”, advirtió Rivarola quien recordó que el CEC presentó un amparo que fue admitido en su momento.
El secretario general del gremio mercantil también observó que el texto no hace referencia a la ultraactividad de los convenios colectivos ni a los aportes sindicales obligatorios, lo que podría debilitar la negociación colectiva. “Este proyecto es del año pasado, y no sabemos si el que se discutirá finalmente será el mismo o una nueva versión”, expresó.
En cuanto al período de prueba, aclaró que el gremio mantiene un esquema de seis meses vigente en todos los acuerdos del sector y no adhirió a las modificaciones introducidas por la Ley Bases.
Finalmente, Rivarola planteó su inquietud sobre el proceso legislativo que se avecina: “Hay un temor por cómo quedará compuesta la Cámara. Apostamos a la mesa de diálogo que convocará el Gobierno, pero resta saber qué texto saldrá de ese ámbito y si realmente será vinculante”.
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