La Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego exhortó al Ministerio de Educación a adoptar medidas urgentes para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación, ante la continuidad de las “desobligaciones” docentes dispuestas por el SUTEF y la falta de acciones efectivas por parte de la cartera educativa.
La medida se formalizó mediante la Resolución N° 70/25, firmada el 22 de septiembre por el fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, en el marco de un expediente iniciado tras denuncias de padres de alumnos de escuelas públicas por la pérdida reiterada de días de clases.
El dictamen advierte que las explicaciones del Ministerio “no alcanzan para demostrar que se hayan emprendido acciones concretas para garantizar el derecho de los estudiantes”, y cuestiona la “debilidad en la planificación y ejecución de los mecanismos de reposición pedagógica”.
Entre las medidas dispuestas, la Fiscalía ordena al ministro Pablo Silva implementar políticas públicas específicas para compensar la pérdida de clases, ordenar el descuento de haberes a los docentes que no cumplan con la prestación laboral y habilitar canales de denuncia para que las familias informen sobre el incumplimiento del servicio educativo.
El dictamen también advierte que la reiteración del incumplimiento podría derivar en responsabilidades administrativas, civiles y penales para los funcionarios del área.
En su análisis, Martínez de Sucre señaló que la prolongada suspensión de clases “genera un daño que trasciende lo educativo y afecta el tejido social”, al tiempo que recordó que la falta de continuidad en el servicio educativo vulnera los convenios internacionales de protección de la niñez.
Además, el fiscal llamó a la reflexión sobre el impacto social de las medidas gremiales prolongadas y de la inacción estatal frente a ellas. “El derecho de los alumnos a recibir educación en condiciones de continuidad y regularidad constituye una obligación indelegable del Estado y un interés público de la mayor relevancia”, concluye el dictamen.
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