La falta de respuestas de la OSEF, Obra Social del Estado Fueguino, ante los reiterados incumplimientos en la entrega de medicamentos e insumos, pone en peligro la vida de personas electrodependientes. Ante la desesperación, un grupo de familias elevó una carta al gobernador Gustavo Melella exigiendo una solución inmediata.
Marcelo Sánchez, integrante del colectivo de familias y padre de un niño electrodependiente, detalló en ((La 97)) Radio Fueguina la crítica situación. “Muchos de nosotros somos afiliados de OSEF y nos estamos encontrando con un incremento en las dificultades, dificultades que siempre han existido con la obra social para la cobertura, pero en este último tiempo, en estas últimas dos, tres semanas, estas dificultades se han ido incrementando y son muy notorias y muy peligrosas”, explicó.
El problema se agudizó con un cambio en el sistema de recetas electrónicas, que ahora deben ser cargadas por los médicos en una plataforma. “En esta nueva modalidad hay cosas que no se autorizan, hay información parcial sobre lo que están autorizando o no. Hay un teléfono descompuesto porque los funcionarios y los empleados de la obra social no pueden dar respuesta a qué es lo que están autorizando y qué no están autorizando y por qué no están autorizando. Estamos todos como en un limbo”, relató.
La única farmacia convenida en Río Grande, Autofarma, que debe cubrir el 100% de los tratamientos, se ha convertido en otro foco de conflicto. “La farmacia está entregando solamente una unidad por receta, por ejemplo, yo voy y llevo la receta de un medicamento que necesito cuatro cajas para todo el mes, bueno, me entregan una”, afirmó Sánchez.
Esta práctica, que comenzó recientemente, se agrava porque no se emiten vales de reposición. “Tenemos la información no oficial, porque la obra social no informa oficialmente prácticamente nada, de que Autofarma está esta semana en condiciones de suspender la entrega de medicamentos al 100%, lo cual nos alarma muchísimo”, alertó.
Sánchez fue contundente al describir el riesgo concreto que esto implica. “El peligro es peligro de vida. Se está poniendo en riesgo la vida de los electrodependientes”, sentenció, y puso como ejemplo las fórmulas alimentarias. “Una persona que se alimenta por botón gástrico o por sonda gástrica, recibe unas fórmulas alimentarias para que se puedan administrar por esas dos vías. La persona que recibe eso, no se puede alimentar por boca, no puede comer comida”. Puso como ejemplo concreto el de su propio hijo: “Mi hijo requiere entre 9 y 10 cajas de fórmula alimentaria por mes. Si me entregan 1 y de acá a 20 días me entregan otra, yo no tengo manera de alimentarlo. Eso implica que se va a desnutrir, implica que la desnutrición lo va a llevar a una descompensación y un deterioro general de un estado de salud de por sí complejo”.
La medicación anticonvulsivante de su hijo corre la misma suerte. “Si me entregan 1, cuando se me termine y no me entregan otra, no voy a tener los anticonvulsivantes y probablemente empieza la actividad epiléptica a incrementarse y empieza a tener convulsiones. Más explícito que eso en relación a los riesgos que implica esto que están haciendo, no hay”, manifestó con crudeza.
Ante esta emergencia, las familias han intentado infructuosamente un diálogo con las autoridades. “Hasta ahora oficialmente ni de la OSEF, ni del Ministerio de Salud, ni de gobierno, nadie se ha comunicado con nosotros”, denunció.
Incluso, el trato recibido en la obra social tampoco contribuye. “Lo que recibimos cuando vamos a la obra social y encontramos un funcionario que lo podemos atajar en el pasillo y preguntarle, generalmente las respuestas son descalificaciones. En el mejor de los casos son dilaciones. Pero nos descalifican, nos maltratan. Siempre está puesta en duda la urgencia y la necesidad de la persona que va a reclamar, entonces nos dicen que nosotros pretendemos abusarnos de la obra social”.
Esta falta de respuestas los llevó a apelar directamente al gobernador. “Si no tenemos respuesta de los funcionarios políticos de la obra social, que son en definitiva los que toman las decisiones, no nos queda otra que acudir al gobernador a ver si él puede poner orden en esta circunstancia, porque lo cierto es que están en riesgo la calidad de vida y la vida de nuestros familiares”.
Si bien existen marcos legales como la Ley de Discapacidad y la Ley de Electrodependencia que no se cumplen, Sánchez aclaró que la urgencia los obliga a focalizar el pedido. “Lo que nosotros no queremos ahora es entrar en esa discusión porque si no la urgencia de lo que estamos planteando se diluye. Y lo que no tenemos es tiempo, porque si nos quedamos sin medicamentos, sin insumos para la higiene y la bioseguridad de las personas a las que cuidamos, sin fórmulas alimentarias, se nos van a empezar a morir”.
Y concluyó con un pedido desesperado: “Ahora necesitamos con carácter de urgencia que nos resuelvan la provisión de medicamentos e insumos. Después que se resuelva eso, discutamos todo lo que quieran, todo el tiempo que quieran, pero ahora lo que no tenemos es tiempo”.
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