El Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego puso punto final al reclamo del legislador Jorge Lechman y despejó el camino para que el Poder Ejecutivo provincial convoque a elecciones de convencionales constituyentes. En una resolución firmada por los jueces Gonzalo Sagastume, María del Carmen Battaini, Javier Darío Muchnik y Edith Cristiano, el cuerpo declaró inadmisible el recurso extraordinario federal presentado por el parlamentario, dejando firme el fallo del 5 de agosto que había rechazado su demanda.
La causa se originó en un intento de Lechman por frenar el proceso de reforma parcial de la Constitución fueguina, al sostener que el Ejecutivo había perdido la facultad de llamar a elecciones por el vencimiento de los plazos previstos en la Ley 1529. Sin embargo, el tribunal consideró que el planteo no cumplía con los requisitos formales establecidos por la Corte Suprema y que no se trataba de una cuestión federal, sino de un debate estrictamente provincial.
En su fallo, de 16 páginas, los magistrados calificaron el recurso como “endeble desde lo argumental” y remarcaron que no existía ninguna afectación a derechos individuales ni una situación de “gravedad institucional”. También descartaron los cuestionamientos por presunto “activismo judicial”, al sostener que la decisión de otorgar 210 días adicionales al Ejecutivo para emitir el decreto de convocatoria no implicó una intromisión en funciones legislativas, sino una medida destinada a restablecer el curso normal de un proceso paralizado por una cautelar previa.
Además, la sentencia impuso las costas del proceso al legislador y fijó los honorarios de su abogado, Fernández Pezzano, en un 30% de lo establecido en la instancia anterior, mientras que los representantes legales de la Provincia percibirán un 35% adicional por su intervención.
Con esta resolución, el Superior Tribunal cierra definitivamente la vía judicial y reafirma la autonomía provincial para interpretar su propia Constitución. El fallo consolida la posición del Ejecutivo para avanzar en la convocatoria a elecciones constituyentes, cumpliendo con el mandato legislativo y dejando atrás meses de incertidumbre política y judicial en torno al futuro del proceso de reforma.
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