El radar de LeoLabs Argentina SRL instalado en Tolhuin, Tierra del Fuego, se convirtió en el centro de la presión de Estados Unidos para su reactivación, en un contexto de escalada geopolítica internacional. El jefe del Comando Sur, almirante Alvin Holsey, solicitó explícitamente al gobierno argentino que habilite nuevamente la estación, en el marco de ejercicios militares y seguimiento estratégico global, incluyendo proyectos vinculados al programa de defensa “Cúpula Dorada” estadounidense.
La controversia surgió a partir de la difusión de un artículo en el diario La Nación, que describió el radar como una herramienta inocua para rastrear satélites y chatarra espacial, minimizando cualquier implicancia militar. Sin embargo, informes técnicos del Ministerio de Defensa de 2023 señalan que el sistema es de “uso dual” y puede rastrear misiles balísticos, hipersónicos y satélites militares, además de haber participado en ejercicios de vigilancia para Estados Unidos.
También se cuestiona la participación británica en la empresa y su integración en la red global de estaciones de LeoLabs, muchas ubicadas en países de la alianza de inteligencia “Five Eyes”. A pesar de que la firma afirma que la participación británica es menor, especialistas advierten que la instalación permite la posible transferencia de información sensible a servicios de inteligencia extranjeros.
El radar fue instalado rápidamente con beneficios fiscales cuestionados, incluidos permisos aduaneros y un millonario tendido eléctrico cuyo financiamiento no se aclaró. Además, existen vínculos entre directivos de la empresa y funcionarios provinciales, y el alquiler del predio se realiza mediante un banco extranjero, fuera del control fiscal argentino.
Aunque el permiso ambiental nacional fue cancelado, el radar permanece operativo, y su reactivación bajo la presión estadounidense plantea inquietudes sobre la soberanía territorial, especialmente considerando la proximidad de las Islas Malvinas y la Antártida. Críticos locales señalan que la operación mediática y la intervención extranjera evidencian un riesgo para la autonomía estratégica de la provincia y del país.
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