La moratoria previsional parece presentarse en el oficialismo nacional como un tema central en el debate público sobre el acceso a la jubilación en Argentina.
En este contexto, Fermín Randón, abogado y especialista en derecho previsional, dio respuestas y claridad durante su entrevista en ((La 97)) Radio Fueguina, aportando una lectura detallada sobre la aplicabilidad de la moratoria y sus efectos para quienes buscan completar años de aporte y acceder a una pensión.
Randón explicó que las moratorias permiten sumar años de servicio para cumplir con los requisitos mínimos de jubilación cuando los aportes formales no alcanzan. “La moratoria es una forma de completar años de servicio registrados y aportados al ANSES”, afirmó, al tiempo que señaló que este mecanismo está diseñado para reconocer el trabajo realizado a lo largo de la vida laboral, especialmente cuando hubo periodos en los que la registración fue incompleta o ausente.
En esa línea, subrayó que “la gente que trabajó toda su vida pero no logró ahorrar para autogestionarse su jubilación” podría encontrar en la moratoria una vía para obtener una pensión digna, siempre que cumpla con las condiciones legales vigentes.
Entre las ventajas citadas por Randón destacan la ampliación de la cobertura y el reconocimiento del trabajo no registrado. En relación con esto, sostuvo que “la moratoria permite ampliar el universo de beneficiarios, permitiendo que quienes no pudieron acreditar aportes accedan a una pensión”.
También enfatizó que ignorar a las personas que trabajaron sin registro sería inconstitucional, al señalar que “negarle esa posibilidad a una persona que trabajó toda su vida es negarle un derecho constitucional”.
Añadió que la moratoria “abre la puerta a la equidad frente a la eficiencia fiscal” al proponer que se recupere el trabajo registrado sin sacrificar la sostenibilidad del sistema, siempre dentro de controles adecuados.
El especialista también abordó los desafíos y críticas habituales. Reconoció que existen costos fiscales asociados y la posibilidad de que se perciba que algunos acceden por moratoria frente a quienes aportaron de forma continua.
En ese sentido, afirmó que “hay una postura muy fuerte hoy de querer diferenciar al jubilado que accedió al derecho por medio de la moratoria y a los que no, porque se lo escuché incluso al presidente hacer también alguna diferenciación”.
Para contrarrestar estas tensiones, remarcó la necesidad de controles robustos para evitar distorsiones y la importancia de incentivar el registro laboral para reducir la dependencia de estas herramientas en el largo plazo.
Un tema central en el análisis es la brecha de género, cuyo impacto se manifiesta en la proporción de beneficiarias por moratoria. Randón señaló que “el 75% de las mujeres accede a la jubilación por moratoria” y que esto refleja históricas inequidades como licencias por maternidad no remuneradas y años fuera del mercado laboral por tareas de cuidado.
A la vez, destacó que “en los hombres es un poco más bajo el acceso al beneficio jubilatorio por la moratoria” y que la estimación ronda “un 46% de los beneficiarios del ANSES han accedido a la jubilación por vincularse en algún momento a la moratoria”.
Estas cifras, indicó, subrayan la urgencia de políticas que promover la formalidad y el registro del trabajo para reducir la necesidad de recurrir a moratorias en el futuro.
Randón insistió en que las moratorias deben entenderse como herramientas de política pública con límites claros y condiciones transparentes. Señaló que, si bien permiten el acceso a una jubilación para quienes trabajaron y aportaron en distintos momentos de su vida, también exigen vigilancia para asegurar que los aportes se realicen de forma objetiva y que no se conviertan en parches fiscales sin impacto real en la registración de empleo.
En esa línea afirmó que “el sistema debe equilibrar la equidad y la responsabilidad fiscal para que quienes cumplen criterios de longevidad y edad reciban lo que corresponde a sus años de servicio”.
La entrevista también abordó la dimensión histórica de las moratorias y su papel en la cobertura de la vejez. Randón recordó que antes de estas herramientas la cobertura era menor y que “la moratoria generó un avance en materia de derechos, porque es un derecho constitucional”.
Sin embargo, advirtió sobre el riesgo de sacar a la vejez al adulto mayor cuando la economía no acompaña, y señaló que “sacar de la vejez al adulto mayor porque hay gente que trabaja toda su vida pero no logra ahorrar para autogestionarse su jubilación” podría ser social y económicamente problemático si no se acompaña de una mejora en la recaudación y el registro.
La dinámica entre equidad y equilibrio fiscal se mantiene como eje del debate. Randón mencionó que la discusión no es simple y que existen visiones distintas sobre cuánto debe aportar la moratoria al gasto público.
En ese marco, afirmó que “existe una atención entre el equilibrio fiscal y los derechos de los adultos mayores” y que la solución pasa por políticas que incentiven el empleo formal sin excluir a quienes ya han accedido por moratoria.
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