Milei vetó las leyes de aumento a jubilados, moratoria y emergencia en discapacidad

El presidente Javier Milei vetó por completo los tres proyectos de ley con enfoque social que habían sido aprobados por el Congreso: el aumento de emergencia para jubilados, la reimplantación de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. La medida fue formalizada este lunes a través del decreto 534/2025, publicado en el Boletín Oficial.

Según argumentó el Poder Ejecutivo, las iniciativas sancionadas eran «fiscalmente irresponsables» y violaban la Ley de Administración Financiera al no especificar fuentes de financiamiento genuinas. De acuerdo al texto oficial, el conjunto de medidas implicaría un gasto de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones en 2026, lo que representaría el 0,9% y 1,68% del PBI respectivamente. Desde el Gobierno advirtieron que semejante erogación “dificultaría el cumplimiento de las metas fiscales” y pondría en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas, al que definieron como “innegociable”.

Además del impacto presupuestario, el Ejecutivo cuestionó la legalidad del proceso legislativo. Señaló que la sesión del Senado del 10 de julio careció de la citación previa reglamentaria y que los proyectos fueron habilitados con mayoría simple, cuando –según su interpretación– se requerían dos tercios de los votos. Esto, según el decreto, constituyó “graves nulidades” y una “ilegítima interpretación del Reglamento”.

Las tres iniciativas vetadas incluían:

Aumento a las jubilaciones: establecía un incremento de emergencia del 7,2%, un bono mensual y actualizable de $110.000, y transferencias a cajas previsionales provinciales no transferidas.
Moratoria previsional: proponía restablecer por dos años el Plan de Pago de Deuda Previsional, permitiendo acceder a la jubilación sin 30 años de aportes y flexibilizando las condiciones para la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor).
Emergencia en discapacidad: declaraba la emergencia nacional hasta 2026, creaba una nueva pensión no contributiva por discapacidad y contemplaba una compensación económica de emergencia para los prestadores del sistema.

Tras el veto, el Congreso deberá decidir si insiste en la aprobación de las leyes. Para ello, la oposición necesitará alcanzar una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras, condición que será difícil de lograr sin el acompañamiento de gobernadores y sectores dialoguistas.