El legislador Jorge Lechman expresó un fuerte rechazo al fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Tierra del Fuego, que habilitó la reforma de la Constitución provincial impulsada por el Ejecutivo. Consideró que la resolución representa “un precedente nefasto” y adelantó que el caso podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Vamos a ir hasta la Corte Suprema para frenar este atropello”, advirtió Lechman, en declaraciones radiales recientes, al cuestionar la legitimidad del proceso.
“El pueblo fueguino debe saber que esta reforma no es para mejorar su calidad de vida, ni para resolver los problemas estructurales de la provincia. Es una reforma para consolidar un proyecto personalista que pone en riesgo el equilibrio de poderes”, agregó.
El legislador cargó con dureza contra el rol del máximo tribunal fueguino, al que acusó de facilitar una maniobra política. “No se puede permitir que el órgano máximo de justicia provincial se convierta en una escribanía del poder”, manifestó.
En sus redes sociales, Lechman remarcó que la última palabra la tendrá la Corte Suprema. Asimismo, el legislador provincial también cuestionó el costo económico del proceso en medio de una grave crisis social al remarcar que “más del 50 por ciento de los fueguinos vive bajo la línea de pobreza, pero el Ejecutivo provincial prioriza gastar más de 4 mil millones en reformar la Constitución”.
Criticó además la falta de debate público y el uso de herramientas institucionales para fines partidarios. «La reforma constitucional no responde a una necesidad institucional ni a una demanda social legítima. No hay un debate amplio, ni un proceso participativo; lo que hay es una estrategia de concentración de poder por parte del Ejecutivo provincial. Esta reforma tiene nombre y apellido”.
En ese sentido, recordó que la ley que habilitó la reforma fue sancionada “entre gallos y medianoche” a fines de 2023, sin discusión previa, y alertó sobre los peligros de manipular la Constitución “para satisfacer la ambición de perpetuarse en el poder”, lo que , según sus palabras, “nos retrotrae a los peores momentos del autoritarismo en América Latina”.
“Modificar la carta magna provincial con fines personales debilita las instituciones democráticas y viola el principio republicano de alternancia”, concluyó.
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