En una extensa y técnica exposición, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Tierra del Fuego, María del Carmen Bataini, desgranó en ((La 97)) Radio Fueguina los argumentos que llevaron al fallo que rechazó las demandas contra la reforma constitucional provincial. El veredicto, emitido tras un año de análisis, confirma la validez de la ley 1529 y del decreto que convoca a elecciones para convencionales, marcando un hito en el proceso institucional.
«El proceso comienza con estos reclamos», señaló Bataini, refiriéndose a las impugnaciones del legislador Jorge Lechman y el abogado Paulino Rossi, quienes cuestionaban el cumplimiento de plazos y procedimientos. «Emitimos una medida cautelar, que es provisoria, sin perjuicio de evaluar en definitiva qué pasó», aclaró. La magistrada destacó que la prueba clave surgió de una causa penal posterior: «Allí ya vamos dando pasitos. Se llega a un momento en que una de las partes pide ‘pronto despacho’ porque consideraba que había pasado un tiempo prudencial».
Uno de los ejes del fallo fue el análisis de los 210 días establecidos para la convocatoria a elecciones. «Contamos los días de acuerdo al principio y a la emisión del decreto. Aún tratándose de días corridos, el decreto está en el plazo que manda la ley», afirmó.
Sobre la delegación al Poder Ejecutivo para asignar partidas presupuestarias, Bataini fue contundente: «Está escrito en la ley. Ni la Legislatura ni el Poder Judicial pueden hacerlo; lo hará el Ejecutivo. Es discrecional».
La presidenta del STJ también abordó las recusaciones que dilataron el proceso, incluida la aceptada contra el juez Ernesto Löffler. «Me recusaron por firmar una decisión que daba impulso al proceso. Uno no es ni deudor, ni acreedor, ni enemigo… Rechazada esa recusación, hubo que integrar el tribunal», relató. Sobre la posibilidad de que el caso llegue a la Corte Suprema, con prudencia evitó especular: «Siempre se puede recurrir, pero no puedo predecir consecuencias».
La Dra. María del Carmen Bataini cerró defendiendo la neutralidad del fallo: «No decimos reforma sí o no; nuestro rol es controlar la constitucionalidad».
Con el aval judicial, el camino para la reforma queda formalmente abierto, aunque su concreción dependerá de los pasos que sigan los demás poderes del Estado.
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