En un giro que promete agitar el debate sobre la regulación de medicamentos, en el marco de los hechos de público conocimiento, el diputado nacional por Tierra del Fuego y médico Jorge “Koki” Araujo presentó un proyecto de investigación enfocado en la responsabilidad de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
El objetivo declarado es esclarecer las responsabilidades ante la serie de fallecimientos vinculados al uso de fentanilo contaminado en hospitales públicos y privados del país. Según Araujo, el proyecto propone “investigar hacia arriba de la ANMAT”, con un énfasis en la responsabilidad del Ministerio de Salud y, en último término, posibles implicaciones a nivel presidencial.
El diputado afirma que la iniciativa no solo busca responsabilidades administrativas, sino también esclarecer las fallas que permitieron que ciertos productos llegaran a los nosocomios.
El contexto de la iniciativa es una secuencia de incidentes que, según las declaraciones del propio Araujo, comenzó en abril y dejó un saldo de más de 70 fallecidos.
En su diálogo con el programa “RadioNoticias” de ((La 97)) Radio Fueguina, Araujo explicó que “el fentanilo es un analgésico muy potente, casi similar a la morfina. Obviamente que se utiliza en casos muy severos de personas que están muy doloridas o que están cursando algún cuadro postquirúrgico. Entonces es muy utilizado en todas las actividades hospitalarias”, explicó.
Asimismo, indicó que los primeros casos habrían emergido “el 15 de abril en el Hospital Italiano de la provincia de Buenos Aires”, y desde entonces, “hay muchos fallecimientos y pacientes que actualmente están siendo afectados por esto y que están, algunos, en estado crítico”. En esta misma línea mencionó el caso de un bebé recién nacido, cuyo cuadro respiratorio derivó en intubación y tratamiento con fentanilo, culminando con un estado crítico.
Araujo sostuvo que “hay hospitales que trabajan más con morfina y si no tienen fentanilo, usan fentanilo; hay hospitales o ciertos laboratorios que utilizan los analgésicos que hoy están en todos los noticieros”.
Sostuvo que se trata de una “catástrofe sanitaria” que “se ve a la luz de todo el país” y que “preocupa a todos”.
Araujo contrastó su proyecto con otros presentados por diputados del oficialismo nacional, que proponen investigar “de laboratorios hacia abajo” (laboratorios y el gobierno provincial según mencionó) y no hacia arriba.
Por ejemplo, la propuesta de la diputada Myriam Giudici —según el propio Araujo— se orienta a un escrutinio de la cadena desde los laboratorios hasta la administración provincial, mientras que su proyecto prioriza una mirada que empieza en la ANMAT y llega hasta el máximo nivel del Estado.
Sobre las responsabilidades, Araujo afirmó que “el responsable de esto no deja de ser el ANMAT”, insistiendo en que “desde el primer momento se lavó las manos” y que la ANMAT, como ente regulador, “tiene que controlar”.
También citó fechas para sostener la idea de demora: “el primer caso fue el 15 de abril de este año, pero la decisión de la ANMAT de suspender esas partidas se produce un mes después, el 11 de mayo”. En su lectura, esa demora representaría un indicio de responsabilidad por parte del regulador.
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