Carlos Margalot, secretario de Finanzas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Río Grande, delineó con crudeza el escenario que anticipa para la reunión paritaria del próximo 8 de agosto con el gobierno de Tierra del Fuego. En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, el sindicalista confirmó que el encuentro, pactado para las 11 de la mañana en la Delegación de Gobierno de Tolhuin, será la primera instancia formal de negociación salarial después de dos meses de reclamos infructuosos y una mesa técnica virtual que calificó como insatisfactoria.
«Nos notificaron en un Zoom que julio estaría complicado para recursos. Todos los sindicatos dejamos claro que la mesa debe reabrirse, y si no ocurre, iremos a medidas de acción directa. Dos meses sin respuestas son demasiado», afirmó Margalot, en referencia a la falta de avances desde junio.
Las declaraciones del ministro de Economía provincial, Francisco Devita, quien días atrás descartó aumentos por la «necesidad de ajuste estatal», agregaron tensión al clima previo. «Sus números siempre muestran dificultades, pero los trabajadores no pueden esperar. El empleo público es el más castigado», sostuvo.
Los números que esgrimió el gremialista reflejan la urgencia del reclamo: un ingresante en la administración pública provincial percibe $760.000 mensuales, mientras que un profesional con dos décadas de antigüedad «no llega a $1.100.000 netos». Margalot comparó estos montos con paritarias de otros sectores como petroleros o bancarios que cerraron entre el 140% y 170% anual, y remarcó: «Un 2% para nuestro sector es nada. La inflación real cuadruplica los datos oficiales, con alquileres, combustible y alimentos disparados».
Sobre las posibles medidas de fuerza, el dirigente admitió que ATE ya realiza asambleas informativas y marchas, aunque la convocatoria a la reunión del 8 frenó acciones más drásticas. «Van a venir con una propuesta salarial, porque es una paritaria, no una técnica. Eso da expectativa, pero si no es seria, no descartamos nada», advirtió.
La crítica al gobierno nacional también fue parte de su argumento: «Las provincias no alineadas con el Presidente reciben menos fondos. Si la obra pública está paralizada, al menos que lo poco que ingrese se destine a salarios».
Respecto a las negociaciones paralelas con el municipio de Río Grande, Margalot detalló diferencias clave: allí se discute un piso salarial (actualmente en $900.000) y ajustes por básico, mecanismos que, según explicó, benefician más al personal permanente. Sin embargo, reconoció que el tema pendiente es la unificación de escalafones en el ámbito provincial, un debate postergado por los costos que implicaría. «Modificarlo demandaría incrementos del 30 al 40%. Hoy ni siquiera podemos lograr un 3%», admitió.
Con la sombra de un posible fracaso en las tratativas, Carlos Margalot cerró con un mensaje sin eufemismos: «Si el 8 no hay una respuesta digna, la medida de fuerza no será solo un anuncio. Los trabajadores estatales no aguantan más».
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