Por falta de presupuesto, frenan la entrega de patentes y cédulas

Una crisis logística en el sistema de registros del automotor está complicando la circulación legal de vehículos en gran parte del país. La escasez de materiales indispensables para emitir documentación —como chapas patentes y cédulas vehiculares— ha frenado la entrega de estos elementos en numerosas jurisdicciones, incluidas Río Grande y otras localidades de Tierra del Fuego.

La problemática se origina en la falta de presupuesto asignado a la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA), dependiente del Ministerio de Justicia. Fuentes gremiales y oficiales señalan que los recortes aplicados por el Gobierno Nacional afectan la compra de insumos plásticos, metálicos y tintas especiales, lo que impide el normal funcionamiento del servicio.

Como resultado, miles de trámites quedan inconclusos y los usuarios, sin poder obtener la documentación básica para circular. Las demoras actuales oscilan entre 30 y 60 días, con vehículos que permanecen inmovilizados o que son entregados sin los papeles correspondientes, situación que genera malestar e incertidumbre entre compradores, empresas, trabajadores del transporte y concesionarias.

Si bien la DNRPA promueve el uso de cédulas digitales a través de la app Mi Argentina como medida paliativa, esta opción no cuenta con plena validez legal en todos los casos ni está disponible para toda la población, especialmente en zonas con acceso limitado a internet.

Ante esta situación, se sugiere conservar la constancia del trámite emitida por el registro como respaldo temporal y consultar sobre el uso provisorio de la versión digital. Sin embargo, circular sin la documentación exigida puede derivar en multas, retención del vehículo o sanciones, ya que la normativa vigente —Ley 24.449— exige portar chapas patentes reglamentarias, cédulas habilitantes, seguro vigente y licencia de conducir.

Aunque en algunos municipios se ha optado por actuar con mayor flexibilidad frente a este problema, la interpretación queda a criterio del agente de control y la autoridad local. Desde distintos sectores se advierte que, si no se resuelve de manera urgente, la situación podría agravar aún más el funcionamiento del sistema de registros en todo el país.