Milei vetará los proyectos impulsados por los gobernadores

El presidente Javier Milei vetará todas las iniciativas legislativas que no provengan del oficialismo, incluso aquellas que cuenten con amplio respaldo político de la oposición y de los gobernadores. Así lo confirmaron fuentes del Ejecutivo, que aseguraron que la decisión es firme y responde a la voluntad de preservar el equilibrio fiscal como prioridad absoluta del plan económico.

Entre los proyectos que serán rechazados se encuentran la modificación del régimen de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y una nueva distribución del impuesto a los combustibles. Ambas propuestas fueron impulsadas por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, en un acuerdo político poco habitual en los últimos años.

Desde la Casa Rosada aseguran que no habrá lugar para negociaciones que comprometan el superávit fiscal. “El veto no está en duda”, señalaron. Además, advierten que no permitirán que el Congreso condicione los mecanismos con los que el Ejecutivo busca alcanzar el déficit cero.

Aunque el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, deslizó que no se opondría a algunos de estos proyectos si facilitaran reformas estructurales, el propio Milei marcó distancia, compartiendo en redes sociales mensajes críticos hacia quienes impulsaron iniciativas que podrían modificar la Coparticipación Federal.

Tanto el proyecto sobre los ATN como el del impuesto a los combustibles aún deben ser debatidos en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el oficialismo ya dio la orden de dilatar el tratamiento. Si bien las provincias podrían reunir los votos necesarios para forzar su tratamiento sobre tablas, en el Ejecutivo consideran que, de aprobarse, no habrá reparos en recurrir al veto presidencial.

En paralelo, Milei también anunció su rechazo a otras leyes recientemente sancionadas por el Senado, como el aumento de jubilaciones, el restablecimiento de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. El Poder Ejecutivo tiene plazo hasta el 30 de julio para vetarlas formalmente. “Sería inmoral no vetar lo de los jubilados”, justifican cerca del Presidente, aludiendo al alto peso del gasto previsional sobre las cuentas públicas.

El Gobierno insiste en que no permitirá alteraciones al camino fiscal trazado, diseñado para dar señales de certidumbre a los mercados financieros. Según explican, la prioridad es garantizar el cumplimiento de las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), incluso cuando los proyectos de los gobernadores tendrían un impacto fiscal moderado, estimado en 0,11% del PBI, sin comprometer la meta de superávit del 1,6%.

Las iniciativas provinciales buscan limitar la discrecionalidad del Gobierno nacional en el reparto de fondos y fortalecer la autonomía financiera de las jurisdicciones. Para ello, proponen una distribución automática y diaria de los ATN y aumentar al 58,36% la porción del impuesto a los combustibles que se transfiere a las provincias, eliminando diversos fideicomisos que hoy concentran parte de esa recaudación.

A pesar de estos objetivos, el oficialismo sostiene que cualquier intento de condicionar el diseño fiscal central será bloqueado. La señal es clara: sin aval de la Casa Rosada, ningún proyecto prosperará.