La presidenta del Instituto Provincial de Vivienda (IPV) confirmó que el gobierno nacional eliminó todo apoyo a la construcción de viviendas sociales, dejando a miles de familias fueguinas sin opciones. Con más de 7.000 inscriptos, las entregas dependen de las obras en curso, pero sin fondos federales.
La arquitecta Laura Montes fue contundente al analizar en ((La 97)) Radio Fueguina la situación habitacional en la provincia: «Hoy son nulas las posibilidades de acceder a una vivienda por la falta de políticas nacionales». En el diálogo, Montes detalló que el gobierno federal «no tiene hoy, dentro de sus políticas, nada que tenga que ver con el acceso a la vivienda, ni a la infraestructura, ni a las mejoras».
«Ha desaparecido la Secretaría de Vivienda», afirmó, explicando que solo queda una Secretaría de Obras Públicas “que se ocupa de grandes infraestructuras, nada más». Aunque recordó que históricamente hubo períodos de alta construcción, como en los 80 y después del 2001, hoy el escenario es desalentador: «Si eventualmente llega un gobierno que tiene interés en estas políticas sociales, todo se reinicia. Pero hoy por hoy, son nulas».
Pese a ello, el IPV continúa trabajando en la terminación de viviendas ya iniciadas. «Tenemos 84 en Chacra 9, 120 en barrio CGT y 210 en Río Pipo, Ushuaia», precisó Montes. Sin embargo, advirtió que su entrega se extenderá hasta 2026 o 2027, dependiendo de la infraestructura y los recursos. «Estamos esperando si se modifica o no la política a nivel nacional», reconoció.
La demanda, en tanto, es abrumadora: «Hay 3.000 familias anotadas y más de 4.000 personas solas». Montes destacó que el perfil de los solicitantes cambió: «Hay mucha cantidad de personas solas que se anotan». Aunque no hay prioridad para fueguinos, la mayoría de los inscriptos son residentes antiguos.
Respecto al financiamiento, la titular del IPV aclaró que las viviendas se entregan «llave en mano», con cuotas que no superan los $350.000 mensuales. «Estamos bastante por debajo de lo que es un alquiler», remarcó. No obstante, admitió que hay morosos, aunque el organismo busca alternativas antes de desalojar: «Pasamos a un convenio de ocupación, similar a un alquiler».
Laura Montes insistió en que, sin un cambio de rumbo a nivel nacional, la crisis habitacional se profundizará. «La gente puede seguir anotándose, pero hoy no hay proyección de nuevas construcciones», finalmente lamentó. Mientras tanto, el IPV se limita a completar lo iniciado, en un contexto donde la espera se mide en años y las soluciones, en promesas incumplidas.
Comentarios