El vicepresidente del Comité contra la Tortura de Tierra del Fuego e integrante de la Multisectorial de Derechos Humanos, compartió un balance crítico sobre la situación del sistema penitenciario provincial, resaltando la falta de avances estructurales a pesar de la declaración de la emergencia en materia de seguridad.
Durante la última reunión mensual del comité, realizada en la Legislatura y presidida por la doctora Manuela Palacio Murphy, se incorporó formalmente a Elba Patricia Oyarzo como representante de las organizaciones no gubernamentales, completando un cargo vacante. Las actividades del comité, según destacó su vicepresidente, se realizan en carácter voluntario y sin retribución económica, lo que genera dificultades operativas como la cobertura de traslados y la provisión de materiales: “La actividad que se lleva adelante en el comité es totalmente ad honorem”, remarcó.
Respecto al funcionamiento del sistema carcelario, señaló que continúan los problemas estructurales a pesar del refuerzo presupuestario derivado de la emergencia. “La situación carcelaria en Tierra del Fuego no es óptima”, afirmó, y consideró insuficientes los avances realizados hasta el momento. A modo de ejemplo, mencionó la reciente inauguración de una alcaidía para mujeres en Río Grande, que implicó simultáneamente el cierre de la casa de Pre Egreso, espacio destinado a personas en etapas avanzadas de reinserción. “Es un viejo refrán popular, visten, desvisten a un santo para vestir a otro”, expresó.
El referente también puso el foco en la vulnerabilidad específica de las mujeres privadas de libertad, muchas de ellas madres, lo que complejiza el acceso a sus derechos y el vínculo con sus hijos.
En cuanto al destino de los fondos asignados a la emergencia en seguridad, explicó que el comité intenta realizar un seguimiento de su aplicación, aunque reconoció que los resultados no son alentadores: “Hoy no vemos que los temas se estén resolviendo por lo menos al ritmo que se necesitaría”, advirtió, en alusión a las condiciones de hacinamiento y a la escasez de recursos para un funcionamiento adecuado.
El comité mantiene líneas telefónicas habilitadas para la comunicación directa con personas privadas de libertad, a través de las cuales se reciben consultas, reclamos y denuncias. Además, se destacó el trabajo realizado en las unidades penitenciarias, donde se impulsan iniciativas de formación y actividades que promueven la reinserción, como talleres y estudios en abogacía.
Finalmente, el vicepresidente del comité valoró el rol de los medios en la difusión de estas problemáticas: “Es importante que se visibilicen las iniciativas y trabajos que se hacen adentro”, concluyó, poniendo en relieve el esfuerzo que realizan tanto internos como actores institucionales en contextos muchas veces invisibilizados.
Comentarios