Crean un registro para inscribir a no nacidos con nombre y apellido

La Legislatura de Tierra del Fuego aprobó por unanimidad una ley que permite a los padres inscribir con nombre y apellido a hijos fallecidos durante la gestación, sin importar la edad gestacional ni la causa de la muerte. La medida generó fuertes críticas por parte de organizaciones feministas, que advirtieron sobre posibles conflictos con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y otras normas de salud sexual y reproductiva.

La norma, conocida como “Ley Benicio”, fue impulsada por el legislador Pablo Villegas (Movimiento Popular Fueguino) y crea un Registro de Defunciones Fetales en el ámbito del Registro Civil. Allí podrán inscribirse, de forma voluntaria, aquellos fetos fallecidos en el útero, a pedido de los padres o, en su defecto, de los abuelos si los progenitores han fallecido, son menores de edad o están bajo tutela.

La inscripción deberá solicitarse dentro de los tres meses posteriores al fallecimiento. Según Villegas, la ley busca otorgar a las familias un marco de contención y respeto ante la pérdida de un embarazo, evitando que los bebés fallecidos sean registrados como NN. “Es un derecho a la identidad con sentido humanitario”, expresó el legislador, quien negó que la norma contradiga la legislación vigente sobre aborto legal.

No obstante, desde el Movimiento de Mujeres Paritaristas y otras agrupaciones feministas, aseguran que la norma carece de perspectiva de género y fue aprobada sin debate público ni consulta a personas gestantes ni especialistas en derechos sexuales y reproductivos. Denuncian que podría vulnerar derechos adquiridos por las mujeres y personas con capacidad de gestar, y pidieron al gobernador Gustavo Melella que vete la ley.

En declaraciones a Radio Provincia, la referente Betania Longhi cuestionó que se haya legislado “sobre la gestación, que es una experiencia de género, sin haber convocado a quienes transitan esa vivencia”. También señaló que la creación del registro ignora a organismos que trabajan sobre parto respetado y salud reproductiva, y que puede abrir un conflicto legal con la Ley 27.610.

Villegas, por su parte, defendió la legalidad y el alcance limitado de la norma: “La interrupción del embarazo es un derecho hasta la semana 14. Esta ley no lo cuestiona. Solo reconoce el derecho de los padres a identificar a sus hijos fallecidos si así lo desean”, concluyó.