El proceso de reforma constitucional en la provincia enfrenta un momento decisivo tras la recusación del juez del Superior Tribunal, Ernesto Löffler, un episodio que ha marcado la disputa judicial en torno a la convocatoria a convencionales constituyentes. María Ángeles Arroyo, secretaria de Coordinación Legal de la Secretaría Legal del gobierno provincial, explicó en ((La 97)) Radio Fueguina los últimos movimientos del caso y las implicancias de una posible resolución del STJ.
«El viernes pasado, durante la feria judicial, se resolvieron las recusaciones presentadas, incluida la del Dr. Löffler, que fue notificada ese mismo día», señaló Arroyo. Agregó que, al haberse cumplido ya todas las instancias procesales, «entendemos que es inminente la emisión del fallo». La causa, que próximamente cumplirá un año, ha estado marcada por demoras que, según la funcionaria, vulneraron el principio de celeridad. «Hubo actos procesales que evidenciaban una demora indebida, incluyendo la recusación de la doctora (María del Carmen) Bataini, que contenía un informe requerido por el Código Procesal. Eso se resolvió recién en la feria», afirmó.
El gobierno provincial sostiene que la ley que habilita la reforma cumple con todos los requisitos constitucionales. «Nuestra posición quedó plasmada en la contestación del traslado: están cumplidos todos los pasos», aseguró Arroyo.
Sin embargo, la oposición, representada por el legislador Jorge Lechman, ha anunciado que, de prosperar el fallo a favor de la reforma, recurrirán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Frente a esto, la secretaria fue cautelosa: «Debería primero admitirse el recurso; nosotros consideramos que no hay elementos para que llegue, pero es una posibilidad».
Uno de los puntos más controvertidos ha sido la falta de asignación presupuestaria específica, argumento esgrimido por los opositores para cuestionar la viabilidad del proceso. Arroyo lo desestimó: «La ley delega al Ejecutivo la determinación de la partida correspondiente. Es una función administrativa, no legislativa». Además, rechazó las críticas sobre el cumplimiento de plazos: «La ley fue votada unánimemente; no hay fundamento para esas objeciones».
Si el STJ falla a favor, el proceso pasaría al juzgado electoral provincial, que deberá readecuar el cronograma inicial. «Terminaría nuestra participación en el expediente; lo siguiente sería reorganizar las fechas», explicó. Pese a la incertidumbre, Arroyo enfatizó que la expectativa no es solo política, sino institucional: «El fallo debería favorecer a la institucionalidad de la provincia, más que al gobierno».
El caso Löfler no solo ha expuesto una especie de disputa jurídica, sino también dificultades en la comunicación pública. «Es parte del juego político emitir opiniones sin sustento legal», lamentó la secretaria, aludiendo a la circulación de información contradictoria.
Con el fallo en puerta, la reforma constitucional se juega su futuro en los tribunales, en un escenario donde cada decisión judicial podría redefinir el camino institucional de la provincia.
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