El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), una institución clave en el desarrollo agropecuario argentino, atraviesa una transformación radical tras la firma del Decreto 462/25, que elimina su autarquía y modifica su estructura de gobernanza. Adrián Boyeras, director de la Estación Experimental Agropecuaria de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, analizó en ((La 97)) Radio Fueguina las implicancias de esta decisión, que, según advierte, altera el funcionamiento democrático y participativo que caracterizó al organismo durante casi siete décadas.
«El INTA tenía un sistema de gobernanza muy participativo, que le confiaba a los productores y a la academia su gestión junto con el Poder Ejecutivo», explicó Boyeras. «Lo que se modifica ahora es la composición del Consejo Directivo, que funcionó durante todos estos años. Pasamos a depender de la Secretaría de Agricultura, y todas las decisiones se concentran en una sola persona: el presidente del INTA, que ahora responde directamente al Ejecutivo» añadió.
El ingeniero destacó que la arquitectura institucional del organismo permitía una toma de decisiones colectiva, a través de consejos regionales y locales que integraban a actores del sector productivo y académico. «Eso es lo que nos preocupa: cambió el INTA que conocíamos. Ahora estamos sujetos a las decisiones del gobierno de turno, sin esa representación histórica», afirmó.
Uno de los principales temores es el desmantelamiento progresivo de la estructura técnica y humana. «Desde noviembre, resistimos cambios muy fuertes. Hubo un retiro voluntario que nos dejó sin compañeros valiosos, y se anuncia otro. Entre jubilaciones, renuncias y retiros, el INTA se achica exponencialmente», señaló. Boyeras cuestionó la visión que reduce la discusión al número de empleados: «Parecería que ser 6.000 es mala palabra, pero en los 90 ya éramos esa cantidad. La pregunta es: ¿qué hace el INTA? Su impacto en innovaciones, control de plagas o desarrollo tecnológico es enorme».
La incertidumbre también alcanza a las agencias de extensión, históricamente consideradas el «corazón» del organismo. «Si al INTA le sacan extensión, le quitan el vínculo con los productores, le sacan la vida», advirtió.
En Tierra del Fuego, donde recién en 2022 se logró la creación de una estación experimental tras décadas de lucha, el temor es que estos avances queden truncos. «Estamos consolidando un espacio clave para generar tecnologías adaptadas a nuestra zona. ¿Quién impulsará la reconversión productiva si el INTA se debilita?», planteó.
Sobre las razones del cambio, Boyeras admitió no tener respuestas: «Algo que funcionaba, que era democrático, se desarticula sin explicaciones. El INTA siempre se repensó: tenemos un plan estratégico hasta 2030. Pero ahora, sin un consejo resolutivo, las decisiones quedan en manos del Ejecutivo».
Frente a este escenario, los directores de todas las regionales del INTA firmaron un documento expresando su preocupación. «Estamos en resistencia, gestionando en medio de la incertidumbre. Lo que nos gusta hacer es estar cerca de los productores, pero hoy todo eso está en juego», concluyó Adrián Boyeras, reflejando el malestar de una institución que, según sus palabras, ya no es la misma.
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