Con firmeza y argumentos jurídicos, el senador nacional por Tierra del Fuego Pablo Blanco (Unión Cívica Radical) salió al cruce de las críticas del Gobierno nacional hacia la sesión legislativa donde la oposición en el Senado convirtió en leyes varios proyectos que el Gobierno resiste: la suba a jubilados, la vuelta de la moratoria a quienes no completaron aportes, los fondos para las emergencias en discapacidad y Bahía Blanca, y la distribución de impuestos a combustibles y aportes del tesoro (ATN).
En una defensa articulada en distintos medios nacionales, el representante fueguino sostuvo que los procedimientos fueron cumplidos «con responsabilidad» y que cualquier intento de desconocerlos «atenta contra la democracia».
En el canal de noticias TN, frente a las declaraciones de la diputada Silvana Giudici (PRO), Blanco recordó que las leyes contaron con «los dos tercios del Senado, que es el único que interpreta el reglamento». «Yo participé en una sesión ordinaria, legal y actué en consecuencia», afirmó, despejando dudas sobre la validez de la votación.
Su postura se enfocó, además, en desmontar el discurso oficial que atribuye el alto precio de la electrónica a los beneficios fiscales fueguinos. «A pesar de las rebajas de aranceles, productos como el celular de la ‘manzanita’ siguen costando el doble que en Estados Unidos, al igual que los Samsung fabricados en Tierra del Fuego», señaló. Para él, el problema radica en «la cadena de comercialización, donde están todos los amigos de ellos».
En tanto, en el programa radial Hola Chiche, Blanco profundizó en el escenario político que se abrirá si el presidente Javier Milei decide vetar las leyes. «Si la Cámara de Diputados quiere modificarlas, necesita una mayoría superior a la nuestra, cosa que es imposible», advirtió, en referencia a los 56 votos a favor que obtuvieron las iniciativas. «Y si el Ejecutivo las veta, nosotros, con más de dos tercios, vamos a insistir», agregó, confiado en la fuerza legislativa de la oposición en la cámara alta.
Pero, Blanco fue aún más allá al calificar de «institucionalmente grave» la posibilidad de que Javier Milei recurra a la Justicia para frenar las normas. «Él tiene que cumplir la ley, no puede denunciar eso a la Justicia. No corresponde. Es atentar contra la democracia», remarcó. Según dijo, el Presidente estaría «desconociendo el funcionamiento de las instituciones» al ignorar un poder que actuó «con mayoría agravada».
Con tono vehemente pero sin abandonar la frialdad técnica, el senador dibujó un conflicto que trasciende las leyes en disputa: la pugna entre un Ejecutivo que desconfía del Congreso y un Legislativo que reclama respeto a sus decisiones. En ese marco, sus palabras no dejan dudas: «La Justicia no puede intervenir».
Comentarios