La crisis de OSEF, la Obra Social del Estado Fueguino, sigue generando debates intensos en la Legislatura provincial, donde se analizan al menos seis proyectos para intentar paliar su colapso financiero. Natalia Gracianía, legisladora de La Libertad Avanza y autora de una de las iniciativas, expresó en ((La 97)) Radio Fueguina su preocupación por la falta de precisiones en el plan del oficialismo, que plantea una inyección de fondos públicos sin garantías de una solución estructural.
Gracianía destacó que aún persisten más dudas que certezas: «Estamos hablando de recursos que provienen del pago público, recursos de los afiliados, pero que terminan siendo recursos de todos los fueguinos en general», recalcó, en referencia a los reiterados aportes estatales para sostener a la obra social.
La legisladora recordó el emotivo testimonio de Carlos Pombo, un jubilado que, durante la reunión de comisión, reflejó el drama de miles de afiliados: «Resumía la angustia y el peregrinar de muchos en su misma situación, con enfermedades, con padecimientos».
Sin embargo, cuestionó que las medidas planteadas hasta ahora -incluidas las sugeridas por el Tribunal de Cuentas y una auditoría de la Universidad Nacional de Cuyo- no aseguren una salida definitiva. «Ninguna de estas sugerencias para generar un alto impacto en lo económico-financiero terminan de ser la solución definitiva», afirmó.
Uno de los puntos más críticos, según Gracianía, es el artículo 3 del proyecto oficialista, que propone fondos extraordinarios sin precisiones. «Le preguntaba a la presidenta (Mariana) Hruby si tenían una estimación de los pagos urgentes a prestadores y del funcionamiento operativo básico. Me dijo que no lo tienen cuantificado hoy», reveló. «Estamos hablando de fondos públicos, dinero de todos los fueguinos. Si votamos una cosa así, estamos votando un cheque en blanco».
Además, la legisladora cuestionó la falta de ajustes internos en OSEF. «Hablamos de una planta política importante, y ellos sostienen que la necesitan. Pero hoy estamos ante una obra social que cuenta con personal de planta política que cobra más que el permanente», denunció, al tiempo que consideró que «en tiempos de crisis, tener gastos en viáticos o en este tipo de situaciones no lo entendemos».
Gracianía también puso en duda la capacidad del gobierno provincial para financiar este rescate. «Me pregunto si puede el gobierno de la provincia inyectar fondos, si los tiene, y si esto sería la solución definitiva», planteó.
Mientras tanto, los prestadores, como los acompañantes terapéuticos de Río Grande, siguen esperando pagos atrasados. «Cobraron un mes, pero les deben muchos más, y no saben cuándo van a cobrar», lamentó.
Con una crisis que no da tregua y proyectos que, a su juicio, carecen de solidez, Natalia Gracianía insistió en la urgencia de mayor transparencia. «No hay números respecto de lo que debería aportarse, y no sabemos si el gobierno cuenta con fondos. Esta es una gran pregunta que no ha sido respondida todavía», concluyó.
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