La reforma de la Policía Federal Argentina, impulsada por el Gobierno nacional mediante decreto, ha generado preocupación entre expertos en derechos humanos. Victoria Darraidu, coordinadora de Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), analizó en ((La 97)) Radio Fueguina las implicancias de esta modificación, destacando su carácter unilateral y los riesgos para las garantías ciudadanas.
«Lo que se modificó concretamente es lo que llamamos la Ley Orgánica de la Policía Federal, pero se modificó por decreto», explicó Darraidu. La norma original, un decreto-ley de 1958, había sido ajustada parcialmente, pero su esencia se mantenía. «El gobierno nacional decide cambiar la orgánica (…) y lo hace por medio de un decreto. Es un problema porque es una decisión autónoma del Poder Ejecutivo, no es una conversación, un consenso político».
La especialista subrayó la ausencia de debate legislativo: «Cuando vemos otras leyes de otras jurisdicciones, de las policías del país, fueron leyes. Son debates más democráticos que implican un acuerdo político si pasan por el Congreso». Además, cuestionó el fundamento legal del decreto: «La excusa es que esto entra por las facultades delegadas al Poder Ejecutivo. Pero la ley base no delegó la facultad en materia de seguridad».
Sobre el contenido de la reforma, Darraidu señaló que, aunque se plantea un enfoque en delitos complejos, «no está explicitado cómo se hará ese perfilamiento». En cambio, advirtió sobre «mayores atribuciones sin controles», como la capacidad de realizar tareas de inteligencia sin control judicial y espionaje en redes sociales. «Bajo un paraguas muy amplio y vago, que es la definición de prevención del delito, pueden revisar a cualquier persona sin orden judicial. Esto puede redundar en persecución política o reducción de la libertad de expresión», afirmó.
Otro punto crítico son las detenciones y requisas arbitrarias. «La Corte Interamericana de Derechos Humanos le dijo al Estado argentino que tenía que modificar esas normas. El ‘olfato policial’ no es más que un sesgo discriminatorio», sostuvo, en referencia a las detenciones por actitudes sospechosas. Agregó que, en contextos de operativos preventivos, la policía puede «revisarte sin ninguna sospecha», una práctica que ya se observa en la Ciudad de Buenos Aires.
Finalmente, Darraidu lamentó la falta de salvaguardas: «No hay políticas antidiscriminación, ni de género, ni controles externos. Crean una policía con los mismos vicios de opacidad». Ante la consulta sobre posibles acciones para frenar la medida, mencionó que la Comisión Bicameral del Congreso podría declarar su inconstitucionalidad, mientras organizaciones como el CELS evalúan acciones judiciales.
La reforma, presentada como una modernización, enfrenta así cuestionamientos por su forma y fondo, con advertencias sobre un posible retroceso en derechos y garantías.
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