El Colegio de Veterinarios de Río Grande anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la ordenanza municipal que obliga a las clínicas de la ciudad a implementar un sistema de guardias rotativas. El Dr. Julio Ruiz, presidente de la institución, sostuvo que la norma viola principios constitucionales y la naturaleza liberal de la profesión. «Desde un principio no estuvimos de acuerdo con esta ordenanza, porque pensamos que era inconstitucional por su forma de haber sido realizada», afirmó en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina.
Ruiz detalló que el colegio ya había manifestado su oposición desde que la iniciativa era un proyecto en el Concejo Deliberante. «Expusimos nuestros motivos: es una profesión liberal, y el Estado no puede obligar a trabajar en horarios específicos», señaló. Aunque reconocieron la necesidad de atender urgencias, cuestionaron que la solución pase por imponer turnos forzosos sin garantizar recursos humanos o económicos suficientes. «Si el propietario de una veterinaria quiere abrir 24 horas, necesitaría como mínimo cinco o seis profesionales. Hoy, muchas tienen solo uno o dos», explicó.
El veterinario también destacó los riesgos operativos y de seguridad que implicaría cumplir con la normativa. «Ha habido casos de maltrato, agresiones o falta de pago. Atender de noche, especialmente para mujeres solas, es un riesgo», advirtió. Además, subrayó que la mayoría de las clínicas ya extienden sus horarios y atienden emergencias de manera informal. «Los clientes conocen a sus veterinarios, y siempre hubo disposición a ayudar», aclaró.
Frente a la intimación del municipio, el colegio recurrirá a la vía legal. «Está en manos de nuestro abogado, el Dr. Francisco Ibarra. Plantearemos la inconstitucionalidad», confirmó Ruiz. La disputa refleja un conflicto más amplio: la tensión entre la demanda social de servicios veterinarios extendidos y las limitaciones estructurales de un sector que, en Río Grande, cuenta con solo once clínicas y una escasa cantidad de profesionales. «Si el Estado quiere garantizar guardias, debería abrir un hospital público con los recursos necesarios», propuso.
Mientras tanto, la ordenanza sigue vigente, pero su aplicación enfrenta un camino judicial. El Dr. Julio Ruiz insistió en que la solución debe surgir del consenso privado, no de una imposición estatal: «Nunca estuvimos en contra de las guardias, pero tiene que ser viable. Esto no es una farmacia: aquí hay vidas en juego».
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