En una entrevista con ((La 97)) Radio Fueguina, el abogado Francisco Ibarra, patrocinador legal del Colegio de Veterinarios, analizó la ordenanza que establece guardias obligatorias para profesionales del rubro y afirmó que la norma es «manifiestamente inconstitucional». Su argumento central radica en que un Concejo Deliberante no puede imponer obligaciones personales mediante una ordenanza, ya que ello viola principios constitucionales como el de legalidad y reserva.
«Esta norma es inconstitucional porque la autoridad que la emite carece de competencia para hacerlo. No puede un Concejo Deliberante, a través de una ordenanza, imponer esta clase de obligaciones», explicó Ibarra. Destacó que las obligaciones deben ser creadas por ley, no por una ordenanza municipal, y que el Colegio de Veterinarios, al ser una entidad creada por ley provincial, goza de autonomía institucional. «Una ordenanza no puede imponerle obligaciones a un colegio que fue creado por una norma superior», sostuvo.
Además, señaló que la medida vulnera derechos fundamentales. «Esta norma viola el artículo 14 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a trabajar, y el artículo 19, que establece que las acciones privadas están exentas del control estatal», afirmó. Puso como ejemplo: «Es como que me impusieran a mí, como abogado, la obligación de atender las 24 horas. No todos los veterinarios tienen la capacidad económica para sostener un servicio así».
Frente a la comparación con las guardias farmacéuticas, Ibarra aclaró que estas se enmarcan en la salud pública, mientras que la atención veterinaria no está reconocida como tal. «Si existe una necesidad, debe ser el Estado quien brinde el servicio, no imponerlo a particulares sin recursos», argumentó.
Consultado sobre por qué la ordenanza no fue vetada por el Departamento Ejecutivo, el abogado evitó especular: «Eso es una respuesta política. Jurídicamente, debió ser vetada». Ante la posibilidad de que se apliquen sanciones, confirmó que el Colegio de Veterinarios recurrirá la norma: «Presentaremos un recurso de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia y, si intentan multar, lo impugnaremos ante el Juzgado Correccional».
Ibarra remarcó que no discute la necesidad del servicio, sino el mecanismo elegido. «Todos coincidimos en que las mascotas son seres sintientes y que el servicio es importante, pero no se puede recurrir a un instrumento ilegítimo para lograrlo», concluyó el abogado. La disputa legal podría sentar un precedente sobre los límites de las ordenanzas municipales frente a derechos individuales.
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