En un contexto donde las medidas económicas del Gobierno Nacional de bajar aranceles de importación a productos que se fabrican en la provincia generan rechazo en gran parte de Tierra del Fuego, el contador Ramón Gallardo ofreció una mirada distinta, basada en un análisis detallado de los anuncios sobre reducción de aranceles e impuestos internos.
En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, Gallardo explicó que estas decisiones responden a una estrategia para equilibrar los precios de productos electrónicos y frenar el contrabando, al tiempo que señaló que la provincia debería imitar el ajuste fiscal nacional para aliviar la presión sobre las empresas locales.
«El primer tema es que bajan los derechos de importación para los celulares, que pagaban un 16%, y se va a hacer en dos etapas: ahora van a pagar cero», detalló Gallardo. Esta medida, según explicó, busca reducir la brecha de precios que incentivaba el ingreso ilegal de dispositivos desde países vecinos.
Citando al CEO de Mirgor, Luis Alonso, recordó que «un Samsung C25 producido en Tierra del Fuego salía al continente en 980 dólares, pero con impuestos llegaba a 1.980 dólares», mientras que en el mercado informal se conseguía a 900 dólares. «La reducción del 16% busca responder a este problema», afirmó.
Respecto a los impuestos internos, Gallardo aclaró que, aunque se redujeron del 19% al 9,5% en el continente y a cero en Tierra del Fuego, el diferencial se mantiene. «Seguimos teniendo una diferencia de 9,5%, como antes», precisó.
Sin embargo, destacó que el gobierno provincial no ha aprovechado su posible superávit para aligerar cargas locales, como la tasa de verificación del proceso productivo, única en el mundo: «Las empresas electrónicas, textiles y otras pagan entre el 1% y el 1,8% sobre su producción total. Si queremos competitividad, hay que bajarla».
Gallardo también se refirió a la posibilidad de incorporar a Tierra del Fuego al sistema que permitiría ventas directas al continente. «Si se concreta, la producción local tendría un boom», aseguró, aunque reconoció que aún no hay precisiones.
Finalmente, vinculó estas medidas con una futura reforma tributaria nacional que unificaría impuestos distorsivos en un IVA segmentado, promoviendo competencia entre provincias.
La visión contrasta con el discurso predominante en la provincia, al enfatizar que el problema no es el régimen industrial, sino la estructura fiscal. «El gobierno nacional actúa por superávit; el provincial debería hacer lo mismo», concluyó Gallardo, criticando la falta de obras clave, como el puerto de Río Grande, para abaratar costos logísticos. Una postura que invita a repensar el debate local.
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