La semana pasada, Leo Bilansky, presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales (ENAC), mantuvo un encuentro con Guadalupe Zamora, presidenta del Concejo Deliberante de Río Grande, para abordar la defensa del régimen industrial fueguino, amenazado por las políticas del gobierno nacional. En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, Bilansky advirtió sobre el peligro de un colapso económico y laboral si no se revierten las medidas que, según él, buscan «destruir deliberadamente» la producción local.
«No es novedoso que gobiernos liberales o de derecha, como fue el gobierno de Mauricio Macri y como es el gobierno de Javier Milei, ataquen un régimen de promoción industrial que, con sus fortalezas y debilidades, genera empleo para 15.000 trabajadores en la provincia más austral del continente», afirmó Bilansky. El empresario cuestionó la falta de alternativas y sostuvo que la eliminación de este sistema responde a una «visión ideológica» antes que a un plan de reconversión ordenada.
Durante la reunión con Zamora, se planteó la necesidad de un frente común para resistir lo que calificó como una «agresión antinacional». «Lo que visualizamos es que es una política deliberada para hacer daño. No es un reordenamiento fiscal, sino un ataque a la soberanía productiva», señaló. Bilansky destacó que, en un contexto donde ya se registran 13.500 pymes cerradas a nivel nacional, Tierra del Fuego enfrenta un riesgo particular: la posible pérdida de 8.000 puestos de trabajo hacia diciembre, cuando expire la protección laboral acordada entre el gobierno provincial y los sindicatos.
El líder empresarial criticó duramente el acuerdo firmado con el Ministerio de Capital Humano, que postergó los despidos pero no resolvió el fondo del conflicto. “¿Por qué mandaron a los trabajadores a las fábricas con la incertidumbre de que en diciembre pueden perder el trabajo?», cuestionó. Para Bilansky, la política local debe asumir un rol más activo: «La isla tiene que cavar una trinchera. No podemos permitir que un gobierno nacional destruya lo que construimos».
Respecto a las debilidades del régimen, reconoció que históricamente los beneficios se concentraron en pocas empresas, pero insistió en que la solución no es su eliminación, sino su mejora. «Si los trabajadores no entienden que hoy no está garantizado su futuro laboral, ni por el gobernador, ni por los intendentes, ni por los sindicatos, la crisis será inevitable», alertó.
Finalmente, llamó a la unidad de cámaras empresariales y vecinos para presionar a las autoridades. «Hay que preguntar empresa por empresa: ¿están a favor o en contra de que 8.000 trabajadores queden en la calle? Si no actuamos ahora, todos la vamos a pasar mal», concluyó Leo Bilansky, subrayando que el destino de la industria fueguina definirá también el futuro de las pymes y el comercio en toda la región
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