El legislador Matías Lapadula (Provincia Grande) se refirió con escepticismo al proyecto de Ley de Financiamiento Educativo impulsado por el SUTEF, que busca establecer un salario mínimo vital para docentes mediante la creación de nuevos gravámenes. Durante su intervención en ((La 97)) Rado Fueguina, Lapadula subrayó: «El proyecto es insostenible respecto a lo que quiere financiar y los recursos que propone, porque los montos recaudados serían muy escasos. No soy partidario de aumentar impuestos de ninguna manera».
El eje de su crítica radica en la propuesta de aplicar un adicional sobre la actividad hidrocarburífera, sector que, según el legislador, enfrenta una crisis: «Si hoy aumentamos impuestos a un sector que ya está en caída, iniciaremos una espiral negativa: menos inversiones, menos actividad y, en definitiva, menos recaudación. Tierra del Fuego necesita políticas que atraigan inversiones, no las expulsen».
Añadió que históricamente «poner parches impositivos no resolvió problemas estructurales. Hace 20 años aplicamos adicionales para salud, educación o seguridad social, y seguimos igual».
Frente a la demanda salarial docente, Lapadula propuso reorientar la discusión hacia la eficiencia presupuestaria: «Tenemos el presupuesto más alto por habitante del país, pero no alcanza. Necesitamos una ley que fije un porcentaje mínimo de inversión en educación con metas a cinco años. Si todos coincidimos en priorizar la educación, debe reflejarse en los números». Insistió en que «el problema no es de este gobierno, sino de una inercia de décadas. Debemos desarmar un presupuesto mal direccionado y reasignar recursos hacia lo esencial».
Sobre el rol del SUTEF, reconoció un cambio de estrategia: «Es positivo que, en vez de llevar siempre el conflicto, presenten una propuesta concreta. Sin embargo, hay que revisar los detalles: gravar actividades marginales, como caza o pesca, no moverá la aguja».
Cuestionó además la viabilidad técnica del proyecto: «Si analizamos la recaudación actual, los adicionales ya representan casi lo mismo que el impuesto a los ingresos brutos. Seguir por esta vía es repetir errores».
Finalmente, Matías Lapadula llamó a un debate que trascienda lo impositivo: «El financiamiento educativo debe garantizarse con gestión, no con más presión fiscal. Si definimos prioridades y ejecutamos con transparencia, evitaremos parches y conflictos recurrentes».
Su mensaje cerró con un llamado a «pensar en políticas de Estado que duren más que un gobierno», enfatizando la urgencia de acuerdos multisectoriales para una reforma educativa sostenible.
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