La ministra de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego, Karina Fernández, se refirió en términos críticos a la publicación del decreto 333 del Gobierno nacional, que elimina progresivamente los aranceles a las importaciones, una medida que, según advirtió, afectará directamente a la industria local y a miles de puestos de trabajo.
En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, Fernández señaló que, aunque el impacto no será inmediato, a partir de enero la reducción total de los gravámenes generará incertidumbre en el sector electrónico, que emplea a 7.000 trabajadores en la provincia.
«Lamentamos que el decreto haya salido en estos términos, sobre todo por el efecto en la mano de obra», afirmó la funcionaria, quien destacó que el 45% de la producción local corresponde a celulares de gama media y baja, los más vulnerables ante la competencia externa. «En esta primera instancia no habrá un efecto profundo, pero a partir de enero se evaluarán otras aristas», explicó, al tiempo que mencionó la posibilidad de que algunas empresas exploren el sistema de courier como alternativa.
Fernández subrayó que la reconversión industrial, aunque necesaria, requiere plazos que la medida no contempla. «No es algo que se haga de un día para el otro, especialmente con decisiones intempestivas que desestabilizan la economía provincial», sostuvo, y recordó que el gobierno fueguino impulsa la diversificación productiva, pero con políticas que incluyan «la parte social». «Esta medida deja afuera a nuestra mano de obra calificada», agregó, en referencia a los empleados del sector electrónico.
Consultada sobre una posible judicialización del decreto, tal como había sugerido el gobernador Gustavo Melella, la ministra no descartó la opción: «Siempre vamos a ir por lo que dé más seguridad para cuidar el trabajo de los fueguinos». Asimismo, confirmó que mantendrán reuniones con las empresas para cuantificar el impacto real de la medida y buscar estrategias que amortigüen la caída laboral.
Respecto al paro convocado por los gremios, Fernández aclaró que no recibió información oficial sobre operativos antipiquetes, pero respaldó el derecho a la protesta pacífica.
«El gran interrogante es qué pasará en 2025», concluyó, insistiendo en que el desafío será evitar el cierre de líneas productivas y preservar los puestos de trabajo en un escenario de competencia sin protección arancelaria.
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