El Movimiento Popular Fueguino presentó proyectos, tanto en la Legislatura provincial, como en el Concejo Deliberante de la ciudad de Río Grande buscando declarar personas no gratas a los Diputados Nacionales Santiago Pauli y Ricardo Garramuño por haber apoyado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual establece la eliminación de la Ley 19.640, una medida que pone en riesgo el régimen de promoción industrial, el desarrollo económico de la provincia y a miles de trabajadores y familias fueguinas.
El proyecto surge como respuesta al voto afirmativo de los diputados en el marco del acuerdo celebrado por el presidente Javier Milei y el FMI, el cual implica un ajuste económico profundo, afectando de manera directa a las provincias más vulnerables, entre ellas Tierra del Fuego. «Esta decisión representa una clara traición al mandato popular y a los intereses provinciales. Los fueguinos eligieron a sus representantes para defender la soberanía económica, la producción local y el desarrollo sustentable, no para consolidar políticas de ajuste dictadas desde el extranjero», expresaron los impulsores de la iniciativa.
«Apoyar este acuerdo es entregar decisiones estratégicas a un organismo internacional que históricamente ha perjudicado a las economías regionales. Para Tierra del Fuego, esto significa menos recursos, menos trabajo y un futuro hipotecado», señalaron desde la bancada mopofista.
La declaración de personas no gratas a los diputados Pauli y Garramuño representa un gesto simbólico y político de rechazo a decisiones que afectan el bienestar de los fueguinos. «No se trata solo de un voto, se trata de defender un modelo productivo que sostiene miles de familias en Tierra del Fuego. Nuestra historia nos exige levantar la voz contra aquellos que traicionan el mandato popular y se alinean con intereses externos», agregaron.
Desde el Movimiento Popular Fueguino indicaron que el proyecto sea tratado a la brevedad, donde se espera contar con el respaldo de los distintos bloques legislativos para ratificar el compromiso con los derechos y la soberanía económica de Tierra del Fuego, pero por sobre todas las cosas con las miles de familias que se verían afectadas por estas decisiones”.
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