El diputado nacional Damián Arabia (PRO) cuestionó públicamente la prohibición de la salmonicultura en Argentina y comparó el desempeño del país con el modelo productivo de Chile, que exporta más de 6.500 millones de dólares anuales en salmón. A través de sus redes sociales, el legislador cercano a Patricia Bullrich puso sobre la mesa un tema poco discutido a nivel nacional pero clave para el desarrollo económico: la cría de salmones.
“El sur de Chile produce 130 mil toneladas al año justo frente a Tierra del Fuego. Acá, hace cuatro años, prohibieron la salmonicultura y lo festejaron”, señaló Arabia, en alusión a la Ley N° 27.881, sancionada en Tierra del Fuego en junio de 2021, que impide esta actividad en aguas marinas y lagos.
Esa normativa fue celebrada por organizaciones ambientalistas por su carácter pionero en la protección de ecosistemas sensibles como el Canal de Beagle. Sin embargo, sectores legislativos y empresarios del agro cuestionan hoy el “desaprovechamiento económico” que representa dicha restricción, especialmente ante el contexto exportador regional.
Uno de los principales impulsores de un desarrollo acuícola en Argentina es Diego La Torre, CEO del laboratorio Tecnovax. El empresario busca atraer inversiones por 400 millones de dólares para establecer un clúster productivo en la provincia de Santa Cruz, aprovechando las condiciones naturales y técnicas que ofrece la región.
“La Argentina tiene un potencial enorme. Mientras Chile genera 7.600 millones de dólares anuales con el salmón, acá las exportaciones son prácticamente nulas. Incluso la ganadería exporta menos de 3.000 millones”, señaló La Torre.
El proyecto apunta a generar un ecosistema industrial que no solo beneficie a empresas extranjeras, sino que impulse el desarrollo local con empleo, infraestructura y producción sostenible. La Torre, cuya empresa provee vacunas para la salmonicultura global, explicó que ya están trabajando para presentar a actores internacionales las ventajas competitivas de Santa Cruz.
Pese al entusiasmo de los empresarios, reconocen que los costos actuales en el país y la resistencia de grupos ambientalistas siguen siendo obstáculos significativos. Aun así, no descartan que en 2025 pueda concretarse el ingreso de alguna empresa al sector.
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