En medio de la polémica por las denuncias de irregularidades en la adjudicación y pago de 120 viviendas sociales destinadas a afiliados de la Asociación de Trabajadores del Estado en Río Grande, Felipe Concha, secretario general del gremio, defendió el proceso de entrega y trasladó la responsabilidad de la falta de cobro al Instituto Provincial de Vivienda. Durante una entrevista en ((La 97)) Radio Fueguina, el dirigente detalló los antecedentes del proyecto, explicó por qué los beneficiarios no han abonado hasta ahora y respondió a las acusaciones de supuestas irregularidades.
«El tema de las viviendas de ATE es importante comentarle porque son unas viviendas sociales. Nosotros hace bastante tiempo hemos presentado un proyecto de hacer viviendas por las demandas que había en Tierra del Fuego y en Río Grande, más de afiliados nuestros», explicó Concha. El dirigente recordó que la iniciativa surgió ante la necesidad de trabajadores estatales sin acceso a una casa propia y destacó las gestiones realizadas durante el gobierno de Mauricio Macri para concretar la construcción. «Se le entregó 120 viviendas a 120 afiliados de ATE», afirmó.
Sobre los requisitos, aclaró que el IPVyH fue el encargado de verificar que los adjudicatarios no tuvieran propiedades en otras provincias y cumplieran con la antigüedad necesaria en la isla. «El requisito lo ponía el IPV», insistió, y reconoció que algunos postulantes fueron descartados al detectarse inconsistencias en sus declaraciones. «Se cayeron algunos compañeros porque realmente le contaron una historia a nosotros y otra al IPV», señaló.
Respecto al incumplimiento en el pago de las cuotas, Concha atribuyó el problema a la transición desde un fideicomiso bancario hacia la administración del IPVyH. «Los compañeros cuando el banco le quería empezar a cobrar, dijeron que era mucho y no querían que el banco se haga cargo». Tras gestionar la transferencia de la deuda al organismo provincial, admitió que, hasta ahora, ninguno de los beneficiarios ha abonado. «Totalmente, de los compañeros a los que les dieron la llave, hasta ahora no se pagó», confirmó.
Sin embargo, deslindó responsabilidades. «No sé si el banco tendría la culpa o el IPVyH. A nosotros no nos corresponde controlar si paga o no paga». Aseguró que, una vez regularizada la situación, el IPV deberá notificar a los morosos y, en caso de irregularidades como alquileres no autorizados, proceder a los desalojos. «Aquel compañero que no pague, yo le dije al IPV que vaya duramente para recuperar la casa y darla a otro que la necesite», sostuvo.
Consultado sobre las críticas por falta de control, Concha rechazó que corresponda al sindicato fiscalizar el uso de las viviendas. «Nosotros no podemos hacer control. El IPV hizo el filtro y se les entregó las 120 llaves». Respecto a los cuestionamientos públicos, respondió con dureza. «Hay muchos que han hablado, que tienen la boca suelta, la lengua fácil para calumniar. Esto no es una corrupción, no es que se vendió ninguna casa».
Finalmente, adelantó que ATE continúa trabajando en nuevos proyectos habitacionales para sus afiliados, aunque remarcó la obligación de pagar las cuotas. «Las viviendas se hacen, tienen que pagar porque no les gusta a nadie vivir gratis». La definición de montos y planes de pago, insistió, quedará en manos del IPV. Mientras tanto, la controversia sigue abierta, a la espera de que el organismo provincial concrete las intimaciones y regularice una situación que ya acumula años de demora.
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